Pacientes de hemodiálisis en San Luis, Santiago de Cuba, denuncian que el servicio de Nefrología de su municipio fue desmantelado y que ahora tendrían que trasladarse hasta la cabecera provincial para recibir un tratamiento del que depende su vida. La medida golpea de frente a enfermos que no pueden darse el lujo de perder tiempo, fuerza ni estabilidad en un trayecto más largo y más duro.
La hemodiálisis no admite demoras ni improvisaciones. Cada sesión sostiene la supervivencia de personas con una enfermedad grave que ya carga bastante peso físico y emocional. Sacarlas de su localidad y obligarlas a recorrer mayores distancias agrava una realidad que el régimen sigue administrando con abandono y parches, mientras deja que la salud pública se deshaga en los municipios.
Familiares y pacientes advierten que la decisión se tomó sin atender las consecuencias humanas. Para quienes dependen de ese tratamiento, el problema no se limita al traslado: también cuenta el desgaste, la incertidumbre y la vulnerabilidad de tener que resolver algo vital en medio de carencias que el propio sistema ha normalizado.
Los afectados piden una respuesta clara y un servicio estable, accesible y digno. Lo que está en juego en San Luis es la continuidad de la atención a un grupo de personas que no puede esperar por explicaciones ni por promesas. Cuando el Estado desmonta una prestación esencial sin ofrecer una alternativa segura, la responsabilidad política cae de lleno sobre el régimen y sobre un sistema de salud que ya castiga demasiado a los más frágiles.
Fundación Robert A. Paneque
