Según expertos consultados por Sputnik, busca revestir de legitimidad jurídica una política de hostilidad, que podría utilizar la acusación penal como justificación para acciones contra la soberanía de la isla caribeña.La medida fue firmada por Ariana Fajardo Orshan, jueza del Undécimo Circuito Judicial de Florida, a partir de una investigación estatal que atribuye al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) una presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996.Pero el significado de esta acusación—mediante la cual se sostiene que el líder revolucionario presuntamente un papel decisivo en la cadena de mando que autorizó el ataque donde murieron cuatro personas—, según los entrevistados por este medio, desborda el expediente penal.De acuerdo con los analistas, la actual decisión apunta a construir una excusa política para intensificar la presión sobre la mayor de las Antillas, atacar a una figura emblemática de la Revolución y presentar una eventual acción hostil como el cumplimiento de una decisión judicial.¿Una estructura de permiso?Para Fabio Fernández, profesor de la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Históricas, la orden forma parte de lo que algunos expertos denominan como una «estructura de permiso», mecanismo destinado a preparar a la opinión pública estadounidense para aceptar determinadas actuaciones contra otro país.Se trata de «crear un marco jurídico, político y de validación simbólica para una acción de tipo hostil contra Cuba», explicó. Bajo esa lógica una intervención, dejaría de presentarse como una operación para imponer la voluntad de Washington y pasaría a justificarse como la búsqueda de una persona reclamada por la justicia estadounidense.Para el académico, todo forma parte de los mecanismos de presión y de la permanente amenaza que pende sobre la isla. «Por supuesto, ahí también está la idea de que yo supuestamente puedo hacer que el Gobierno cubano ceda, claudique y entre en una senda de negociación que a mí me conviene».Según Fernández, el desplazamiento no solo sería discursivo. Esta determinación permitiría encubrir los objetivos políticos de una acción de fuerza con el lenguaje de la persecución penal, «validar una posible hostilidad contra Cuba, maquillarla, disfrazarla de una acción vinculada a cuestiones de índole jurídica y desligarla de elementos de tipo político».Sin embargo, el académico advirtió que construir ese marco no significa necesariamente que Washington vaya a ejecutar una operación militar. Su utilidad también reside en mantener abierta la amenaza y emplearla para condicionar las decisiones del Gobierno cubano.Desde esa perspectiva, la orden podría funcionar como una herramienta para buscar concesiones o empujar a La Habana hacia una negociación en términos favorables a Washington.La disputa sobre los hechos de 1996Por su parte, Luis René Fernández Tabío, profesor y doctor en Ciencias Económicas, cuestionó la reconstrucción de los acontecimientos sobre la que descansa la acusación. Sostuvo en charla para este medio que el episodio no puede separarse de los vuelos previos de Hermanos al Rescate sobre territorio cubano, ni de las advertencias de La Habana.El experto indicó que aquellas operaciones respondían a una dinámica de provocación, sin una finalidad humanitaria.Fernández Tabío resaltó que Cuba actuó en defensa de su soberanía. Comparó la respuesta al vuelo de las avionetas con la que, a su juicio, daría Washington ante una incursión similar sobre su capital o en Mar-a-Lago.Recordó que el gobierno de la isla había emitido, a través de diferentes canales, una advertencia de que ese tipo de vuelo no se podía realizar. Asimismo, aludió al hecho de que algunos medios intentan manipular lo sucedido y presentar las avionetas como civiles «cuando se sabe que eran aviones con capacidad de portar armas», además de que sus ocupantes pertenecían a organizaciones que cometían actos contra Cuba.El profesor interpretó la acusación contra Raúl Castro como una iniciativa de motivación electoral. «Se trata de una maniobra previa a las elecciones del 3 de noviembre», señaló, al exponer que la Casa Blanca busca movilizar a los sectores partidarios de endurecer la política hacia La Habana y presentar a la isla como una amenaza para EEUU.Para el experto, el procedimiento refleja la pretensión de Washington de imponer su jurisdicción sobre otros países. «El gobierno estadounidense, en particular esta administración, cree que tiene derecho a actuar como juez del mundo al secuestrar y llevar personas a su territorio, sin verdaderas pruebas, más bien por razones políticas y mediante la mentira, manipulación y falsas acusaciones».Fernández Tabío también relacionó el endurecimiento hacia La Habana con una eventual aspiración presidencial del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en 2028.Acto de legítima defensaÁngel Sánchez, responsable del área ideológica del Partido Comunista de España en Sevilla, expuso ante Sputnik que no existen eventos jurídicos punibles que justifiquen esta iniciativa estadounidense. «Entendemos que estos hechos, ocurridos en la década de 1990, constituyen un acto de legítima defensa por parte del pueblo cubano».Apuntó que existen precedentes internacionales que darían soporte a ese tipo de actuación por un Estado soberano ante la agresión terrorista externa. De igual modo, consideró que la decisión del presidente Donald Trump está más enfocada en la justificación de su estrategia de agresión contra la mayor de las Antillas.Mencionó, igualmente, la imposición de un cerco energético «inaudito y sin precedentes históricos» desde enero, el aumento de las presiones internacionales y la inclusión de La Habana en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. «Lo que conocemos es que Cuba promociona la amistad y la solidaridad entre los pueblos», refrendó.Por tanto, consideró que EEUU pretende mermar completamente a La Habana, y en ese contexto, lanza la decisión judicial de detención contra el expresidente cubano «que está retirado de sus funciones gubernamentales y en la isla constituye una figura de peso político pero, sobre todo, un referente simbólico y humano de la generación histórica que llevó a cabo la Revolución».
