De un lado, la izquierda y las fuerzas progresistas españolas, hicieron de Maricarmen un símbolo de la lucha por una vivienda digna en el país, al tiempo que el Gobierno sacó pecho con la aprobación de los dos decretos convertidos la semana anterior en manzana de la discordia.
El rechazo por parte del conservador Partido Popular (PP), la derecha independentista catalana de Junts y la ultraderecha de Vox a los dos textos en el Congreso de Diputados, inclinó la balanza para la convocatoria a comicios generales el 29 de noviembre.
Anoche, miles de personas marcharon en Madrid y en otras ciudades españolas en homenaje a Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su casa después de vivir en el mismo lugar siete décadas por culpa del fondo buitre Urbagestión.
Si bien muchas de las organizaciones que mantienen las protestas en la Puerta del Sol del Madrid y en otras ciudades critican la inacción del Estado en términos de vivienda, la convocatoria a huelga general el 11 de noviembre es un claro mensaje contra las derechas.
El valor de la resistencia de Maricarmen, fallecida ayer en un hospital de Madrid. La convirtió en símbolo de la reivindicación por la vivienda de numerosas personas, hasta generar una movilización promovida por el sindicato de Inquilinas.
Las señales de inquietud y nerviosismo por parte de las fuerzas conservadoras, incluidos grupos neofascistas, se hizo evidente en el rechazo a guardar un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, como en el Senado (dominado por el PP).
“Seguiremos movilizadas, por una vivienda digna y en memoria de Maricarmen. Iremos a la huelga general el 11 de noviembre, porque la sociedad española necesita de mejores políticos”, declaró Alicia del Río, portavoz nacional del gremio de Inquilinas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió en redes sociales una nota de pesar por el deceso de Maricarmen y varios ministros destacaron que los dos decretos de viviendas de nuevo aprobados, deben servir de homenaje a la fallecida y a otras tantas personas bajo peligro de desalojo.
“Es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y es lo que estamos haciendo. Este Gobierno ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya un desahucio más», sentenció Sánchez.
Sin embargo, la ultraderecha de Vox y de forma similar el PP, acusaron a Sánchez de “hacer una cacicada”, al tratar de implementar iniciativas con un estamento parlamentario reducido como es la Diputación Permanente.
Si bien de modo oficial las campañas hacia los sufragios del 29 de noviembre no han comenzado, la guerra sucia ya se instaló en la sociedad española. De momento, las encuestas favorecen a la derecha.
