Gisselle Ordóñez Milián, conocida en redes sociales como Zea Gisselle, denunció a Martí Noticias haber sido sometida a dos horas de presión institucional y «tortura psicológica» durante un interrogatorio en la Sexta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Marianao, al que fue convocada por haber visibilizado en Facebook las protestas de su barrio contra los apagones.

La citación, emitida por el MININT con menos de 24 horas de antelación, denominaba el acto como «entrevista», término que la propia Gisselle calificó de «eufemismo para no decir interrogatorio».

La joven, de 40 años y residente en el barrio Zamora, acudió acompañada de su hijo pequeño al no tener con quién dejarlo. Las autoridades impidieron el ingreso del menor, lo que generó el primer punto de tensión del encuentro.

El interrogatorio fue conducido por dos oficiales de la Dirección de Contrainteligencia (DSE) identificados como «Antonio» y «Luisito», junto al instructor penal «Andy».

Durante el encuentro, los agentes la acusaron de ejercer «liderazgo social», de publicar contenidos considerados «enemigos» en redes sociales, de ordenar y orientar las protestas vecinales, y de estar vinculada a un cartel aparecido en un consultorio médico cercano a su vivienda.

También la interrogaron sobre presunto financiamiento del exterior y sobre fotografías que los oficiales consideraron un ultraje a los símbolos patrios.

Gisselle rechazó todas las acusaciones y se negó a realizar una prueba caligráfica en letra de molde, argumentando que su escritura podría ser usada de manera fraudulenta para incriminarla en otros hechos.

Sobre la réplica de sus publicaciones en medios independientes, la activista defendió que «no puede controlar ni le compete cómo terceras plataformas divulgan la información exacta que ella comparte de forma abierta».

Los agentes recurrieron además al chantaje emocional con la custodia de su hijo, táctica que Gisselle calificó como habitual hacia las madres en situaciones de disidencia.

Esta no es la primera vez que enfrenta represalias: el 1 de junio fue detenida, esposada y amenazada con la separación de su hijo durante una protesta anterior en Zamora.

Al concluir el interrogatorio, los instructores le exigieron firmar un acta de advertencia. Gisselle aprovechó las líneas del documento para escribir de su puño y letra su compromiso de no cambiar su manera de pensar ni violar el Código Penal, lo que generó un notable malestar entre los agentes.

La organización Cubalex denunció públicamente el caso el viernes, calificándolo como un procedimiento marcado por «amenazas, intimidación y uso del menor de edad como mecanismo de presión».

El barrio Zamora ha sido uno de los epicentros de las protestas populares en La Habana durante 2026, impulsadas por la crisis energética: desde el 9 de julio, la zona permaneció en apagón continuo sin agua, combustible ni comunicaciones móviles.

Al término del interrogatorio, los agentes advirtieron a Gisselle que sería citada nuevamente en Villa Marista, sede central de la Seguridad del Estado, con la advertencia de que «el procedimiento allí sería diferente».