En los últimos meses, los actos de sabotaje contra la infraestructura pública se han multiplicado: ataques que terminan profundizando la precariedad material de quienes menos pueden soportar sus consecuencias
Hace unos días fue noticia que un grupo de personas apedreó una guagua del transporte público en la capital. El resultado: vidrios rotos, el vehículo fuera de servicio durante varios días, el susto de los usuarios y los recursos que el Estado debe erogar para su reparación.
Este no es un incidente aislado. En Cárdenas, por ejemplo, irrumpieron en un aula de enfermería y destrozaron el mobiliario; en otras provincias, lanzan piedras contra paneles solares de la infraestructura telefónica, y son frecuentes los robos de aceite en los transformadores los cuales suministran electricidad a las comunidades. La lista podría continuar.
Estos actos de destrucción recaen sobre bienes que, de una u otra forma, sostienen los servicios básicos de la población.
Nos encontramos en un contexto en el que los recursos son de por sí escasos. Cada panel solar dañado, cada transformador vandalizado y cada guagua fuera de servicio cuentan, pues constituyen conexiones que permiten que la vida cotidiana –la educación, el trabajo, la electricidad y el transporte– continúe funcionando.
Destruirlos no debilita a un sistema político; más bien, profundiza la precariedad material de quienes ya la padecen, entorpece el acceso a servicios de por sí en tensión y agota los escasos recursos en reparaciones, en lugar de destinarlos a su ampliación o mejora.
Pueden existir críticas legítimas al funcionamiento de las instituciones, a la gestión de los recursos o a las decisiones políticas: eso forma parte del debate y de la ciudadanía. Sin embargo, existe una diferencia radical entre el disenso y la destrucción deliberada de aquello que, aunque imperfecto, está al servicio de la supervivencia cotidiana de la población.
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