
La recién electa bancada del Partido Demócrata en el nuevo Congreso federal de los Estados Unidos refleja un abanico de posturas respecto a las relaciones con Cuba, aunque pareciera existir una mayoría contra el endurecimiento severo y de las medidas coercitivas extremas, como los bloqueos energéticos, impuestos por la Administración de Donald Trump.
Considerando la inclinación demócrata a una “distensión” con Cuba, ello implicaría que, más allá de sus facultades institucionales, Donald Trump se enfrentará con una intensa presión que representará un problema para los fines belicistas e intervencionistas del inquilino de la Casa Blanca.
Entre las posturas de los demócratas frente a Cuba están los “pragmáticos”, que sostienen que el bloqueo de 64 años, el más largo de la historia, ha sido completamente estéril para introducir cambios en la Isla. También los que desearían restablecer un nivel de relaciones como el que existió en la Administración del Presidente Barak Obama; y los miembros de la corriente progresista y de izquierda, que incluye a los Demócratas Socialistas de América.
Además, todos coinciden que una agresión militar directa a Cuba, estaría en contradicción con la demanda ciudadana expresada en las recientes elecciones, y que le dio la mayoría a los demócratas, de poner fin a las aventuras bélicas fuera de territorio estadounidense.
El progresismo demócrata mayoritario
La mayoría de los legisladores demócratas favorable a la “distensión” estará, encabezada en el Congreso por figuras clave como la representante Kathy Castor, reconfirmada por Florida, al imponerse al republicano Mike Beltran con el 51,22 por ciento.
Castor ha promovido la “modernización” de las leyes de viaje a la Isla y ha defendido que el comercio y el intercambio entre familias y empresas de ambos lados del Estrecho de Florida benefician a la economía y a los ciudadanos. Además, ha sido parte del Grupo de Trabajo sobre Cuba y copresidenta del bipartidista Cuba Working Group. Y es reconocida como una impulsora de legislación para poner fin al bloqueo a Cuba.
También fueron reelectos congresistas que formaron parte de delegaciones en misión a la Isla y que integran el bloque progresista, y que han manifestado que el bloqueo agrava la crisis humanitaria y de suministros de la población, sin que existan pruebas de que sea una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Son los casos de Delia Ramírez de Illinois (76,62%), Teresa Leger Fernández de Nuevo México (61,65%) y Maxine E. Dexter de Oregón (77,31%).
Existen también casos emblemáticos como Jim McGovern de Massachusetts, quien en su momento acompañó al Presidente Obama en su inédita visita a la Isla en 2016. Dijo entonces que “los estadounidenses han estado preparados durante mucho tiempo para un enfoque del siglo XXI para Cuba”. También se unió al Secretario de Estado John Kerry en un viaje para reabrir la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Existen otras voces favorables a un alivio del endurecimiento de las restricciones, apoyando el levantamiento de las sanciones comerciales, las restricciones de viaje y el envío de remesas, como Joaquín Castro de Texas (77,61%) y Gregory Meeks de Nueva York (80,49%).
Meeks encabezó en abril, junto al senador por Virginia Tim Kaine y otros 48 legisladores, una carta dirigida a Trump en la que rechazaron el bloqueo a Cuba, advirtiendo que las medidas agudizan la crisis humanitaria y pidiendo un giro a seis décadas de “política fallida”.
A estos congresistas que han sido reelectos habrá que sumar los que ahora han sido electos por primera, entre los cuales existe una visible mayor presencia de la corriente progresista del Partido Demócrata.
A pesar de la arrolladora victoria azul en el mapa nacional, en el sur de Florida, donde se concentra la mayoría de los electores de orígenes cubanos, fueron reelectos los legisladores demócratas Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz, cuya postura es dura hacia La Habana. Exigen el cumplimiento de lo que consideran “estándares democráticos” antes de cualquier flexibilización de las sanciones.
La mayoría demócrata en ambas cámaras frenará los intentos de endurecer formalmente el bloqueo o de autorizar intervenciones o financiamientos directos para la puesta en marcha de acciones punitivas, como una agresión o invasión militar directa. El Congreso controlado por los demócratas podrá utilizar las asignaciones de fondos para condicionar la aplicación de sanciones o promover programas de asistencia humanitaria.
Impacto en la política exterior hacia Cuba
Con todo, Trump conserva un margen de maniobra ejecutivo considerable respecto del rigor del régimen de sanciones mediante el Departamento del Tesoro (OFAC) y el Departamento de Estado. Así, tiene la facultad de actuar de manera directa y unilateral sin contar con la aprobación parlamentaria en ámbitos clave.
Una de ellas es la inclusión o exclusión en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Se trata de una facultad exclusiva del Presidente, que a través del Departamento de Estado determina unilateralmente qué países integran esta lista. Esa clasificación bloquea el acceso de Cuba al sistema financiero internacional y desestimula la inversión extranjera mediante sanciones a bancos internacionales.
También cuenta con facultades en el otorgamiento de licencias comerciales y exenciones financieras. Bajo las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR) gestionadas por la OFAC, el Ejecutivo puede autorizar o restringir categorías de viajes, permitir o prohibir los vuelos comerciales, cruceros y categorías de viajes educativos o “pueblo a pueblo”. De esta forma, también puede regular el flujo de remesas: fijar topes o suspender totalmente los canales institucionales de envío de dinero desde Estados Unidos a familiares en la Isla.
Otra facultad del Presidente es la restricción y sanción de sectores económicos y entidades estatales. Mediante la Cuba Restricted List, el Ejecutivo puede prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones directas con empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas. También puede emitir órdenes ejecutivas sectoriales y aplicar sanciones dirigidas contra sectores estratégicos clave (como energía, transporte marítimo y tecnología) sin requerir aprobación legislativa adicional.
También dispone de la aplicación discrecional del Título III de la Ley Helms–Burton, el cual permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas de terceros países que utilicen propiedades confiscadas por la Revolución cubana. La ley otorga al Presidente la facultad discrecional de suspender cada seis meses el derecho a interponer estas demandas o autorizar su entrada en vigor.
Asimismo, el Ejecutivo tiene un control total sobre las restricciones de visado dirigidas a los funcionarios del Gobierno de Cuba y sus familias, así como sobre los programas especiales de migración o libertad condicional (parole humanitario).
De todos modos, con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado resultante de las elecciones de medio mandato, el margen para autorizar cualquier acción bélica ha disminuido significativamente. El Congreso controla las asignaciones de fondos y la Resolución sobre Poderes de Guerra, lo que bloquea el financiamiento legislativo para cualquier aventura militar que el Ejecutivo pretendiera emprender de modo unilateral.
Aunque ya se sabe que con Donald Trump todo es posible.
Washington, 9 de noviembre de 2026.
Crónica Digital.



