Cuando Donald Trump volvió a prometer que el régimen cubano no sobrevivirá a su presidencia, las reacciones de numerosos cubanos oscilaron entre la esperanza, la incredulidad y la desesperación.

Algunos reclamaron una intervención inmediata; otros se burlaron de las promesas incumplidas. Una frase, repetida con distintas variantes, resumió el agotamiento: «Ya no habrá pueblo que liberar».

Detrás de esas reacciones existe una realidad que trasciende al presidente estadounidense: una parte de los cubanos parece haber depositado en Estados Unidos las expectativas de conseguir un cambio político que no encuentra vías efectivas para materializarse dentro de su propio país.

La paradoja resulta especialmente profunda en una nación cuya historia está marcada por las luchas independentistas y que lleva casi siete décadas escuchando a las élites de la dictadura reivindicar la soberanía nacional como fundamento de su legitimidad, y asimilando todo ello —patria, nación, sistema político y de gobierno— a la llamada «revolución», a sus héroes y dirigentes históricos, y al carácter irrevocable del socialismo consagrado en la Constitución del régimen.

¿Por qué tantos ciudadanos esperan que una potencia extranjera contribuya decisivamente a recuperar las libertades, los derechos políticos y la dignidad nacional que les han sido arrebatados? ¿Qué ha ocurrido con la capacidad de organización, movilización y resistencia de la sociedad cubana?

Las respuestas apuntan menos a una supuesta indiferencia política de los ciudadanos que a los efectos acumulativos de un sistema diseñado para impedir que el descontento se transforme en una alternativa capaz de disputar el poder.

Una sociedad descontenta, pero sometida al miedo

La ausencia de una movilización nacional sostenida no significa necesariamente aceptación del régimen.

La encuesta FOCO Cuba: Opinión, autocensura y acción cívica, realizada por Cubadata para Diario de Cuba entre mayo y junio de 2026, encontró que el 60,4 % de los 2.214 participantes consideraba urgente un cambio político, mientras el 61,9 % temía represalias contra sí mismo o sus familiares por expresar sus opiniones.

Otro 58,9 % reconoció que evitaba hablar de política casi siempre. Y el 67,8 % consideró que las respuestas de los ciudadanos serían diferentes si pudieran expresarse sin miedo.

Aunque se trata de una muestra digital no representativa de toda la población cubana, los resultados revelan una contradicción fundamental: el deseo de cambio puede coexistir con el silencio y la aparente pasividad.

La represión no necesita encarcelar a millones de personas para condicionar el comportamiento de millones. Le basta con convertir el castigo de unos pocos en una advertencia para los demás.

El 11 de julio de 2021 demostró que la sociedad cubana conservaba capacidad de movilización espontánea. Miles de ciudadanos salieron a las calles de numerosas localidades para reclamar libertad y mejores condiciones de vida.

La respuesta del Estado, sin embargo, también dejó una lección: protestar podía costar años de cárcel, la pérdida del empleo, persecución familiar o el exilio.

Cinco años después, Human Rights Watch seguía denunciando que cientos de manifestantes permanecían encarcelados.

La experiencia contribuyó a reforzar un temor que ya existía mucho antes del 11J. El régimen no solo reprime las manifestaciones: vigila, identifica, aísla y castiga a quienes pueden convertirse en referentes de oposición.

La destrucción de las herramientas para cambiar el poder

La principal dificultad de la sociedad cubana no parece ser la ausencia de motivos para protestar. Es la escasez de mecanismos independientes capaces de convertir el rechazo al régimen en una fuerza política organizada.

Durante décadas, el Partido Comunista ha monopolizado la representación política, mientras los sindicatos oficiales, las organizaciones estudiantiles y numerosas asociaciones sociales han funcionado subordinados al sistema institucional.

Los cubanos no pueden crear libremente partidos que compitan por el poder, organizar elecciones democráticas o construir sindicatos independientes sin enfrentarse a obstáculos legales y represivos.

Freedom House señala en su informe de 2026 que el régimen cubano prohíbe el pluralismo político, restringe gravemente las libertades civiles y reprime a la prensa independiente.

Esas restricciones tienen consecuencias que van mucho más allá de la censura.

Una sociedad aprende a ejercer la democracia practicándola: debatiendo, organizándose, eligiendo representantes, negociando intereses y construyendo acuerdos. Cuando esas experiencias desaparecen durante generaciones, también se debilitan los hábitos, las instituciones y las redes de confianza necesarios para desarrollar una oposición política eficaz.

No significa que los cubanos sean políticamente ignorantes o incapaces de gobernarse democráticamente. Significa que el régimen ha privado a varias generaciones de las oportunidades de adquirir y ejercer una cultura política democrática en condiciones de libertad.

Tampoco debe confundirse esa desarticulación con la inexistencia de resistencia. El Proyecto Varela, las Damas de Blanco, la UNPACU, el Movimiento San Isidro, el periodismo independiente y las movilizaciones del 11J, entre otros ejemplos, demuestran que han existido iniciativas cívicas y políticas relevantes.

Pero sus dirigentes han sufrido encarcelamientos, vigilancia, hostigamiento y exilio. La represión ha dificultado su continuidad, coordinación y capacidad de llegar a amplios sectores sociales.

Incluso hoy persisten numerosas protestas locales. Cubalex documentó 766 durante el primer semestre de 2026. Lo que no ha surgido de esas expresiones dispersas es una estructura nacional capaz de transformar el descontento en una alternativa efectiva de gobierno.

Cuando emigrar sustituye a transformar

A la represión se añade otro factor decisivo: la emigración.

En una sociedad democrática, el descontento puede canalizarse hacia la participación electoral, los movimientos sociales o la creación de nuevas organizaciones políticas. En Cuba, para muchos ciudadanos, la opción más accesible ha sido abandonar el país.

Una encuesta de Cubadata realizada entre julio y agosto de 2026 encontró que el 49,9 % de sus 1.551 participantes identificaba emigrar como su estrategia preferida de futuro. Otro 45,5 % no esperaba cambios políticos importantes.

La crisis económica profundiza esa situación. En el mismo estudio, el 42,2 % reconoció dedicar una parte significativa de su tiempo a resolver necesidades elementales como alimentos, agua, transporte, medicinas o electricidad.

La supervivencia cotidiana consume energías que, en otras circunstancias, podrían destinarse a la organización social y política.

La emigración, por su parte, ofrece una salida individual a situaciones que requieren soluciones colectivas. Permite escapar del sistema —que muchas veces la propicia como válvula de escape—, pero también priva al país de ciudadanos, profesionales, jóvenes y potenciales liderazgos.

Se configura así un círculo difícil de romper: la represión desalienta la organización; la crisis obliga a concentrarse en sobrevivir; la emigración debilita el tejido social; y la falta de alternativas internas refuerza la esperanza de una solución exterior.

Estados Unidos como última esperanza

Esta realidad ayuda a comprender por qué tantos cubanos miran hacia Washington.

La encuesta FIU Cuba Poll 2026, realizada por la Universidad Internacional de Florida entre cubanoamericanos residentes en Miami-Dade, encontró que el 73 % de sus 1.004 participantes apoyaba una acción militar estadounidense destinada a derrocar al régimen cubano.

El 77 % respaldaba una política de máxima presión, mientras el 69 % consideraba que esa estrategia podía provocar un cambio de régimen.

Estos resultados corresponden a la comunidad cubanoamericana de Miami-Dade y no pueden extrapolarse a los residentes en la isla. Pero muestran hasta qué punto la intervención estadounidense se ha convertido en una opción respaldada por una parte importante del exilio.

Dentro de Cuba, la relación con Estados Unidos también presenta dimensiones sorprendentes.

La Encuesta Cuba, organizada por una coalición de medios independientes, entre ellos CiberCuba, aporta datos especialmente reveladores. La consulta, realizada entre abril y mayo de 2026, reunió 42.263 respuestas válidas, aproximadamente el 58 % procedentes de residentes en la isla.

Entre todos los participantes, el 60,9 % respaldó una intervención militar directa de Estados Unidos, mientras el 64,9 % se mostró favorable al derrocamiento del régimen «por cualquier medio necesario, incluyendo la vía armada». Además, el 54,3 % apoyó sanciones contra funcionarios gubernamentales y el 49 % una mayor presión diplomática internacional.

Aunque la participación voluntaria impide extrapolar estos porcentajes al conjunto de la población cubana, los resultados evidencian que, entre quienes respondieron, la opción de una intervención extranjera tiene un respaldo considerable, incluso dentro de Cuba.

Un estudio del Barómetro de las Américas divulgado en octubre encontró que, entre 1.095 cubanos consultados mediante internet, el 34 % prefería una república independiente como futuro institucional, frente al 30 % que optaba por una fórmula semejante a Puerto Rico y el 29 % que favorecía la anexión a Estados Unidos.

La muestra tampoco es representativa de toda la población, pero el resultado plantea una cuestión de fondo: el deterioro de la confianza en el Estado cubano parece extenderse, entre algunos ciudadanos, hasta la propia concepción de la independencia nacional.

Conviene distinguir, sin embargo, entre desear ayuda estadounidense para recuperar la democracia y aspirar a que Cuba pierda su condición de Estado independiente. Son posiciones diferentes que no deben confundirse.

La soberanía no se pierde por recibir ayuda para conquistar la libertad

La historia demuestra que una nación puede recuperar su libertad con ayuda extranjera y conservar, o reconstruir, su soberanía.

La liberación de Europa occidental del nazismo habría sido mucho más difícil sin la intervención militar estadounidense, junto con la contribución decisiva de otros aliados y de los movimientos de resistencia europeos.

Francia, Bélgica, Países Bajos y otras naciones liberadas recuperaron sus instituciones democráticas. Alemania occidental emprendió un proceso de reconstrucción política que culminaría, décadas después, con la reunificación del país.

El caso de Europa oriental ofrece el contraste: allí, la derrota del nazismo fue seguida por la imposición de regímenes subordinados a Moscú.

La diferencia demuestra que la intervención extranjera no determina por sí misma el resultado político. Importan sus objetivos, sus límites y las posibilidades reales de autodeterminación de las sociedades afectadas.

Cuba conoce ambas caras de esa experiencia.

En 1898, la intervención de Estados Unidos resultó decisiva para derrotar a España, después de décadas de lucha de los independentistas cubanos. Pero la posterior ocupación militar y la Enmienda Platt condicionaron severamente la soberanía de la República nacida en 1902.

Esa experiencia histórica obliga a distinguir entre la ayuda exterior que facilita la libertad y la intervención que termina subordinando a una nación a los intereses de otra potencia.

También conviene recordar que los contextos históricos y jurídicos de la Segunda Guerra Mundial, la independencia cubana y una eventual intervención estadounidense actual son distintos.

Lo que esos antecedentes demuestran es que recibir ayuda extranjera no implica necesariamente renunciar a la soberanía, pero tampoco garantiza que esta sea respetada.

El desafío que vendría después

La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 ofrece una advertencia adicional.

La operación estadounidense apartó del poder al gobernante venezolano, pero no desmanteló automáticamente las estructuras políticas, militares y de inteligencia del chavismo.

Buena parte de ese aparato continuó funcionando bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, aunque sometido a nuevas presiones y compromisos de transformación.

En Cuba, una eventual salida de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel u otros dirigentes tampoco garantizaría por sí sola el establecimiento de una democracia.

La transición tendría que afrontar el control del Partido Comunista sobre las instituciones, el poder económico de las Fuerzas Armadas, el aparato represivo y la ausencia de mecanismos electorales competitivos.

La ayuda exterior podría modificar decisivamente la correlación de fuerzas, pero la reconstrucción de una nación democrática exigiría garantizar que los ciudadanos pudieran organizarse, elegir libremente a sus representantes, ejercer sus derechos y controlar a quienes gobiernen.

Ahí aparece la cuestión fundamental: no se trata de elegir necesariamente entre una liberación conseguida desde dentro o con ayuda extranjera, sino de asegurar que cualquier cambio permita a los cubanos recuperar el protagonismo político que les ha sido arrebatado.

Durante décadas, el castrismo ha presentado la soberanía como patrimonio del Estado y la fidelidad al régimen como sinónimo de patriotismo. Esa apropiación ha servido para descalificar la disidencia y justificar restricciones a derechos fundamentales.

Pero la soberanía nacional no pertenece a un partido, una familia ni una cúpula militar. Su titular legítimo es el pueblo.

Por eso, la esperanza que tantos cubanos depositan en Estados Unidos no tiene que interpretarse como una renuncia a su independencia. Puede expresar, precisamente, el deseo de recuperar la capacidad de decidir su propio destino.

El verdadero drama es que una sociedad con una larga tradición de luchas por la libertad haya llegado a percibir que necesita una intervención exterior para volver a ejercer plenamente ese derecho.

La dictadura cubana no solo ha arrebatado libertades: también ha debilitado durante generaciones las herramientas colectivas necesarias para recuperarlas.

Y esa puede ser una de las herencias más difíciles de superar cuando finalmente termine el régimen.