Un juez federal del Distrito Sur de Florida dictó este miércoles una sentencia de 668.390,95 dólares contra una nacional hondureña identificada como K.E.V.D., quien permaneció en Estados Unidos más de tres años después de que un tribunal de inmigración le ordenara abandonar el país, según el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

El juez federal Ed Artau, de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Florida, dictó la sentencia en rebeldía —es decir, sin que la afectada se presentara a defenderse— en el caso n.º 26-cv-80141.

La orden de deportación original fue emitida por un juez de inmigración el 22 de julio de 2022 y quedó firme el 23 de agosto de ese año. Pese a recibir una Notificación de Intención de Multar y una factura de cobro, K.E.V.D. no salió del país ni respondió a la demanda federal.

El monto total representa el saldo de una multa civil de 998 dólares por día de incumplimiento voluntario, más intereses legales calculados hasta el 6 de febrero de 2026. El juez Artau concluyó que la afectada había violado «voluntariamente» la orden del tribunal de inmigración.

Este caso es una señal de alerta para quienes tienen órdenes de deportación pendientes. Sigue todas las novedades sobre deportaciones, I-220A y procesos migratorios en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.

«Las órdenes de los tribunales de inmigración no son opcionales», declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. «Esta sentencia de 668.390,95 dólares refleja las graves consecuencias que pueden seguir cuando una orden final de deportación es ignorada voluntariamente».

Lo que distingue este caso de las multas administrativas previas es su naturaleza ejecutable: al convertirse en sentencia federal, el Departamento de Justicia puede recurrir a mecanismos de cobro forzoso como embargo de salarios, gravámenes sobre bienes y retención de devoluciones fiscales.

Por qué esto importa a los cubanos con I-220A

Miles de cubanos en el sur de Florida tienen órdenes finales de deportación y permanecen en EE.UU. bajo órdenes de supervisión porque Cuba históricamente aceptó muy pocos deportados.

Aunque desde febrero de 2026 el régimen comenzó a recibir vuelos de repatriación —incluyendo uno con 170 cubanos en febrero—, la ejecución sigue siendo limitada.

Más de 42.000 cubanos tenían órdenes finales de deportación activas en EE.UU., y entre octubre de 2025 y junio de 2026 los tribunales migratorios emitieron más de 4.000 nuevas órdenes contra cubanos solo en Florida.

La ley —específicamente la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad— sanciona no salir voluntariamente u obstaculizar la salida, no simplemente permanecer en el país cuando la deportación es físicamente imposible.

Pero la línea entre ambas situaciones requiere análisis legal individualizado, y el caso de K.E.V.D. ilustra el riesgo de ignorar tanto la notificación de multa como la demanda federal.

El formulario I-220A es una orden de libertad bajo supervisión de ICE: no equivale a un permiso de residencia, no otorga estatus migratorio permanente y no impide nuevas detenciones ni la deportación.

Qué hacer si recibes una notificación de multa

La sentencia en rebeldía se produjo precisamente porque K.E.V.D. no respondió a la demanda. Ignorar una Notificación de Intención de Multar puede derivar en una deuda judicial ejecutable.

Casos anteriores muestran que es posible impugnar estas multas: una mujer en Houston logró anular una sanción de 1.820.352 dólares al demostrar que tenía un proceso de visa U activo desde 2021.

Cabe señalar que el freno judicial en Massachusetts a la regla exprés de multas —suspendida el 30 de septiembre por el juez George A. O’Toole Jr.— no protege frente a este tipo de procedimiento: el propio juez aclaró que el gobierno puede seguir aplicando las sanciones mediante los mecanismos anteriores a esa normativa, que es exactamente lo que ocurrió en Florida.

Además, ICE habilitó recientemente la posibilidad de apelar ciertas multas fuera de plazo cuando el retraso se debió a demoras postales documentadas.

Los expertos en inmigración recomiendan no ignorar ninguna notificación y buscar asesoría legal de inmediato para conocer las opciones disponibles, que pueden incluir reabrir el caso migratorio —generalmente dentro de los 90 días desde la orden final— o solicitar una suspensión de la deportación antes de que la multa siga acumulándose.