Un juez federal rechazó este miércoles la solicitud de emergencia de la administración de Donald Trump para volver a congelar el procesamiento de determinados trámites migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), una decisión que mantiene vigente la revisión de solicitudes presentadas por nacionales de 39 países, entre ellos Cuba, mientras continúa el proceso judicial.

El juez John J. McConnell Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Rhode Island, concluyó que el Gobierno no demostró que probablemente obtendrá la razón en la apelación ni que sufriría un daño irreparable si USCIS continúa procesando los expedientes, informó The Boston Globe.

La decisión, plasmada en un fallo de 28 páginas emitido pocas horas después de una audiencia en Providence, deja en vigor la orden judicial dictada el pasado 5 de junio, que anuló cuatro políticas internas de USCIS mediante las cuales se habían paralizado solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo, ciudadanía y asilo para inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.

Durante la audiencia, McConnell se mostró especialmente crítico con la defensa presentada por el abogado del Departamento de Justicia, Tyler Becker, quien sostuvo que la suspensión de los trámites respondía a motivos de seguridad nacional.

«Estamos hablando de personas que han vivido en este país, en algunos casos durante décadas, que presentan solicitudes legalmente y tratan de cumplir las reglas. ¿Dónde autoriza la ley a USCIS a ejercer una discreción ilimitada?», preguntó el magistrado.

El juez también desacreditó una declaración presentada por la subdirectora de USCIS, Angelica Alfonso-Royals, quien justificó las restricciones citando supuestos problemas para verificar información en Etiopía, Liberia y Pakistán, países que ni siquiera figuran entre las 39 nacionalidades afectadas por las políticas impugnadas.

«¿Cómo puedo tomar en serio una declaración que presenta pruebas totalmente inaplicables? […] No existe ninguna prueba de daño irreparable», escribió McConnell en su resolución.

El magistrado sostuvo que el verdadero perjuicio lo habían sufrido los inmigrantes afectados.

«Durante más de seis meses, innumerables inmigrantes que vivían en Estados Unidos perdieron sus empleos, su estatus legal y la posibilidad de planificar su futuro únicamente por su nacionalidad, no porque hubieran cometido algún delito», afirmó.

Además, recordó que el propio Gobierno había cumplido durante semanas la orden judicial sin demostrar que ello hubiera provocado consecuencias negativas.

No significa aprobaciones automáticas

El abogado Ryan Cooper, de la organización Democracy Forward, que representa a los demandantes, informó al tribunal que varios inmigrantes ya comenzaron a recibir notificaciones para prestar el juramento de ciudadanía, un trámite que había quedado suspendido por las políticas ahora anuladas.

Cooper advirtió que, si el tribunal hubiera concedido la solicitud del Gobierno, miles de expedientes habrían vuelto a quedar paralizados «durante meses, si no años».

La decisión judicial, sin embargo, no implica la aprobación automática de solicitudes. USCIS deberá continuar evaluando cada caso conforme a los requisitos establecidos por la ley migratoria.

Tampoco modifica las restricciones de ingreso derivadas del travel ban ni afecta la suspensión independiente que el Departamento de Estado mantiene sobre determinadas categorías de visas tramitadas desde el extranjero.

El caso continúa en apelación

La batalla judicial aún no ha terminado. La administración Trump mantiene su apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y podría solicitar directamente a esa corte que suspenda la orden de McConnell mientras se resuelve el litigio.

En paralelo, el congresista republicano por Florida Greg Steube presentó una resolución para destituir al magistrado, al acusarlo de poner en riesgo la seguridad nacional.

Por su parte, Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, celebró la decisión y afirmó que las familias inmigrantes que han seguido los procedimientos legales «no deberían verse sometidas nuevamente a la incertidumbre por políticas discriminatorias», al tiempo que sostuvo que el fallo reafirma la obligación del Gobierno de actuar dentro del marco de la ley.