La historia de una ocupación también debe medirse por lo que hizo quien ocupó, pero sobre todo por el espacio que dejó a quienes habían luchado por la libertad.

El 1 de enero de 1899, al retirarse definitivamente las autoridades españolas, Cuba pasó a quedar bajo la administración militar de Estados Unidos. Al frente de aquella primera etapa fue colocado el mayor general John Rutter Brooke, quien ejerció como gobernador militar de la isla hasta el 23 de diciembre de 1899, cuando fue sustituido por Leonard Wood.

Brooke recibió una Cuba devastada. La guerra había destruido buena parte de la economía, miles de familias habían quedado sin recursos y el aparato administrativo heredado de España necesitaba una profunda reorganización. El Ejército Libertador permanecía armado, mientras una parte importante de la población esperaba que la victoria sobre España condujera rápidamente a la independencia.

Ese escenario explica la naturaleza contradictoria de su misión: Brooke no era un gobernador de una Cuba independiente, sino el jefe de una ocupación militar extranjera; pero tampoco actuó como si los cubanos fueran simples espectadores de su propio destino.

Uno de sus primeros problemas fue precisamente el Ejército Libertador. La desmovilización de los combatientes constituía una necesidad para evitar nuevos enfrentamientos y establecer un orden civil. Brooke participó en el proceso de licenciamiento, facilitando pagos y compensaciones por las armas entregadas. El Ejército estadounidense entendió que aquella medida podía impedir que miles de hombres quedaran armados y sin medios de subsistencia.

El asunto, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Hubo resistencias entre veteranos que consideraban insuficiente la compensación ofrecida. La documentación de la época muestra que algunos combatientes se negaron a entregar sus armas y rechazaron el pago establecido.

Brooke comprendió además que gobernar Cuba exclusivamente mediante funcionarios estadounidenses podía convertir la ocupación en una administración sin legitimidad ante los cubanos. Por ello reorganizó la estructura administrativa y creó un gabinete de secretarios cubanos para intervenir en áreas fundamentales del gobierno.

Entre ellos estuvieron Pablo Desvernine, en Hacienda; José Antonio González Lanuza, en Justicia e Instrucción Pública; y Adolfo Sáenz Yáñez, en Agricultura, Industria y Comercio.

La medida tenía una importancia política evidente. Brooke estaba colocando a cubanos de prestigio en posiciones desde las cuales podían participar en la administración del país. Una fuente histórica del período llegó a resumir aquella situación con una expresión reveladora: el gobernador estadounidense reinaba, mientras los secretarios cubanos gobernaban. La misma fuente, sin embargo, señala que esa participación también produjo problemas, porque aquellos funcionarios heredaron prácticas centralizadoras de la administración española.

Aquí aparece uno de los aspectos más interesantes del perfil político de Brooke: su relación con los patriotas cubanos fue de cooperación limitada, no de entrega del poder.

El general estadounidense entendía que necesitaba trabajar con los cubanos, pero nunca dejó de ser el representante de una autoridad extranjera. La soberanía efectiva continuaba en manos estadounidenses. El propio sistema militar establecía que las decisiones fundamentales correspondían a la administración norteamericana, aunque numerosas funciones fueran ejercidas por autoridades cubanas.

También tuvo que enfrentar una cuestión social de enorme importancia: la miseria provocada por años de guerra. La administración de ocupación organizó mecanismos de distribución de alimentos y asistencia, mientras Brooke impulsó medidas destinadas a aliviar la situación económica. El problema de las deudas y de las propiedades rurales adquirió especial gravedad en una sociedad donde numerosas fincas habían sido destruidas.

Su política fiscal también mostró cierta sensibilidad hacia la población cubana. Brooke consideraba injusto mantener determinadas cargas heredadas del sistema colonial cuando amplios sectores de la población carecían de capacidad para pagarlas. En enero de 1899 manifestó su oposición a continuar aplicando determinados mecanismos de recaudación españoles y defendió remisiones y alivios fiscales para propiedades afectadas por la guerra.

En el terreno institucional se produjo igualmente una transformación significativa. Durante su administración se estableció un Tribunal Supremo de Cuba, creado por decreto del 14 de abril de 1899, para asumir funciones judiciales que anteriormente dependían de España. El censo de 1899 describió además la situación heredada: numerosos presos habían permanecido años encarcelados sin juicio y la administración de justicia colonial había estado profundamente deteriorada.

Brooke también permitió una presencia considerable de cubanos en la administración provincial. Generales y figuras de la independencia comenzaron a ocupar responsabilidades civiles, mientras se reorganizaban los servicios de policía y seguridad. Esta política ayudó a transformar gradualmente una administración puramente militar en una estructura que incorporaba funcionarios cubanos.

¿Cuál fue, entonces, el alcance de su gestión?

Sería un error presentar a Brooke como el fundador de la independencia cubana. No lo fue. La independencia seguía siendo una aspiración cubana y la autoridad última continuaba en manos de Estados Unidos. Pero tampoco resulta históricamente justo reducir su gobierno a una simple operación de dominio colonial.

Brooke recibió una isla destruida y dejó encaminadas varias estructuras administrativas, judiciales y policiales que serían utilizadas durante los años siguientes. Contribuyó a la desmovilización del Ejército Libertador, incorporó cubanos al aparato gubernamental, impulsó medidas de alivio económico y participó en la reorganización de la justicia y de los servicios públicos. El gobierno militar estadounidense, además, mantuvo una política de administración mediante autoridades locales que posteriormente sería ampliada.

Su principal limitación fue también la contradicción fundamental de su cargo: pretendía preparar una administración estable para Cuba sin entregar todavía la soberanía a los cubanos. Esa contradicción acompañaría toda la ocupación estadounidense.

Conclusión: La figura de John R. Brooke merece ser examinada sin los extremos de la propaganda. No fue el libertador de Cuba, porque Cuba no obtuvo de él su independencia. Tampoco fue simplemente un ocupante indiferente a la realidad cubana. Fue un militar estadounidense encargado de administrar una isla que acababa de salir de una guerra devastadora y que todavía no tenía un Estado nacional plenamente organizado.

Su mayor mérito estuvo probablemente en comprender que la reconstrucción de Cuba necesitaba incorporar a los propios cubanos. Su mayor límite fue que esa participación se produjo bajo una autoridad extranjera que conservaba el poder soberano.

Su gestión de 1899 fue, por tanto, una etapa de transición: ayudó a desmontar parte de la estructura colonial española y a construir instituciones nuevas, pero no resolvió la cuestión esencial que dominaba el destino de la isla: ¿quién debía ejercer realmente la soberanía sobre Cuba?

La respuesta definitiva tendría que esperar hasta el 20 de mayo de 1902, cuando terminó la ocupación militar y nació formalmente la República de Cuba.

Y precisamente por eso, estudiar a Brooke no significa estudiar solamente a un gobernador estadounidense. Significa estudiar el primer capítulo de la difícil transición entre la Cuba colonial, la Cuba ocupada y la Cuba republicana.