Las cadenas hoteleras españolas que operan en Cuba ya dan por perdidos entre 80 y 100 millones de euros atrapados en el sistema bancario de la isla, una cifra que resume el desgaste de tres décadas de negocios bajo las reglas impuestas por el régimen. El dinero quedó inmovilizado y no puede repatriarse, mientras los balances de las matrices lo registran como pérdida.
El dato no solo expone el golpe financiero a esas empresas. También deja al descubierto la fragilidad del modelo turístico cubano, montado sobre sociedades mixtas, contratos largos y un marco legal que desde el inicio negó a los inversores extranjeros el acceso a la propiedad de la tierra. Cuba permitió capital ajeno, pero reservó para sí el control real del negocio.
Según el análisis citado, la inversión acumulada de las firmas españolas en la isla llegó a 465 millones de euros durante treinta años, con una presencia concentrada sobre todo en el sector hotelero. De ese total, cerca de 160 millones salieron directamente de las corporaciones hoteleras. Durante años, el esquema funcionó y dejó beneficios suficientes como para financiar la expansión internacional de esas marcas.
La foto cambió cuando GAESA, el conglomerado del Ministerio de Defensa controlado por Raúl Castro, acumuló recursos para levantar sus propios hoteles y operar mediante contratos de gestión con cadenas españolas y canadienses a través de Gaviota. Desde ahí, el turismo pasó a depender aún más de una estructura militar opaca, sin rendición de cuentas pública y con el control económico concentrado en manos del aparato castrista.
La pandemia de Covid y la activación en 2019 del Título II de la Ley Helms-Burton empeoraron el panorama, pero el cierre más duro llegó después con la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump, que impuso sanciones secundarias contra GAESA y fijó un plazo para cortar vínculos con ese grupo. El resultado fue una retirada parcial de varias operadoras extranjeras y el reconocimiento de que el dinero invertido en Cuba difícilmente volverá.
Iberostar dejó 12 de sus 18 hoteles vinculados a Gaviota; Meliá anunció el cese en 15 de sus 35 establecimientos en la isla; Blue Diamond Resorts abandonó sus 62 hoteles; y Barceló prepara su salida sin renovar contratos en 2027. La desbandada confirma que el turismo cubano ya no ofrece garantías ni seguridad jurídica a quienes hicieron negocio bajo la tutela del régimen.
El problema para La Habana va más allá de la pérdida de socios. Las cadenas que aún mantienen vínculos con entidades civiles como Mintur o Gran Caribe conservan experiencia operativa y relaciones institucionales que el régimen no puede sustituir con propaganda ni con anuncios de reformas. Eso las coloca en posición de ventaja para cualquier transición futura, mientras el aparato estatal insiste en maquillar una crisis que también ha devorado su propia capacidad de atraer y retener capital.
En junio, el régimen anunció un paquete de 176 medidas económicas, incluidas la autorización de bancos privados y la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles. Pero el economista Mauricio de Miranda advirtió que GAESA no aparece mencionado en ninguna de esas decisiones. Esa omisión dice más que cualquier discurso: el poder militar sigue fuera de control, blindado y por encima de las supuestas reformas.
La pérdida de las empresas españolas en Cuba termina siendo otra factura de un modelo que usa la inversión extranjera mientras pueda exprimirla y luego la deja atrapada en su propia ineficiencia. El resultado es el de siempre: capital perdido, turismo debilitado y un país donde el régimen conserva el mando, pero no ofrece reglas confiables ni futuro económico.
Fundación Robert A. Paneque
