Con el argumento de atraer grandes inversiones, el gobierno de Argentina, presidido por el ultraliberal Javier Milei, está allanando el camino a las corporaciones extranjeras tecnológicas de gran poder económico.
Las autoridades impulsan ahora el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad.
El llamado Súper Rigi, que ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados, propone un nuevo régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para los planes de inversiones superiores a mil millones de dólares, orientados a las denominadas » nuevas actividades económicas», o sea tecnológicas de inteligencia artificial y centros de procesamiento de datos.
Más de mil integrantes de la comunidad académica, científica y tecnológica de la nación suramericana alertaron que el Super Rigi no es una ley de promoción de inversiones, sino la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera.
En una carta abierta denunciaron que mientras el gobierno propone privilegios durante décadas para las grandes compañías foráneas, recorta el financiamiento a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante años.
Otros aspectos que han generado preocupación es que el proyecto gubernamental no exige crear empleos locales, transferencia de tecnologia, ni ningún compromiso con el desarrollo del país, al tiempo que tampoco establece normas estrictas para el consumo de agua, energia y emisiones de carbono.
La actual iniciativa de las autoridades amplia y profundiza el RIGI, creado en 2024 y que otorga por 30 años amplios beneficios a las compañías que realicen inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos.
De acuerdo con estudios, durante los dos años de puesta en marcha de este régimen se estimuló el modelo extractivista y no se dinamizaron nuevos sectores.
Hasta el momento los proyectos aprobados están enfocados en la minería, petróleo, gas y siderurgía, detalla el Observatorio RIGI, conformado entre otros, por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
En manos del Senado está ahora el Súper RIGI, sobre el cual alertan muchos por los ingresos que dejará de recaudar el Estado por los beneficios a las compañías y que afectará la ya exigua inversión social.
