Alberto Alonso Cáceres e Iniorvis Matos llevan más de dos semanas desaparecidos en el mar tras salir a pescar el 5 de junio desde Playa Tasajera, en el municipio de Nueva Paz, Mayabeque, en un viaje que debía durar apenas 36 horas.

Sus familias los buscan solas, endeudadas, mientras el régimen cubano declaró que no tiene condiciones para ayudar.

El caso fue denunciado públicamente por el periodista José Manuel González Rubines en Facebook, quien describió con detalle el abandono institucional que enfrentan los allegados de los dos pescadores, residentes del barrio «El 14» en Nueva Paz.

Cuando el domingo 7 de junio los hombres no regresaron, sus familias comenzaron a movilizarse de inmediato. Desde el lunes 8 hasta el lunes 15 de junio salieron al mar día tras día, sin encontrar a los pescadores, la lancha ni ningún rastro que permitiera determinar su suerte.

Todo el operativo corrió por cuenta de los propios familiares.

El combustible debieron comprarlo en el mercado informal a 2,500 pesos el litro, y el gasto total superó el millón de pesos cubanos, obligándolos además a pedir dinero prestado.

«El Estado no hizo nada, todo corrió a cargo de la familia con combustible comprado a 2,500 pesos el litro. Han gastado más de un millón de pesos e incluso han tenido que pedir prestado», escribió González.

La respuesta oficial fue casi inexistente.

El régimen declaró que no dispone de combustible, drones ni capacidad para rastrear la última señal del teléfono de los desaparecidos.

Tampoco accedió a prestar una embarcación, incluso cuando la propia familia ofreció costear el combustible.

«Lo único que enviaron las autoridades fue a un inspector con 20 litros de petróleo. Eso es todo lo que vale, para el Estado cubano, la vida de dos de sus ciudadanos», señaló el periodista.

Los familiares descartaron que Alberto e Iniorvis hayan intentado abandonar el país.

Según sus allegados, emigrar no formaba parte de sus planes. Ambos tienen hijos y nietos que esperan noticias cada mañana sin saber si están vivos o muertos.

El caso se inscribe en un patrón recurrente de desapariciones marítimas en Cuba donde las familias organizan y financian las búsquedas ante la inacción del Estado.

En los últimos años se han registrado situaciones similares en Santiago de Cuba, Matanzas, La Habana y la propia Mayabeque, con respuestas estatales tardías o inexistentes.

En enero de 2025, un adolescente desapareció en La Habana tras salir a pescar y fue encontrado con vida días después.

En abril de ese mismo año, las autoridades actualizaron la búsqueda de un niño desaparecido en una playa de Matanzas, en otro caso que también recayó sobre la comunidad.

La crisis energética que atraviesa Cuba desde 2023 agrava el problema: la escasez de combustible afecta tanto a los ciudadanos como a las propias instituciones estatales, incluidas las de rescate marítimo.

Según datos de la ONU publicados en septiembre de 2024, al menos 626 personas murieron o desaparecieron en la ruta marítima Cuba-Estados Unidos desde 2014, y la cifra real es probablemente mayor debido a los llamados «naufragios invisibles».

«Las autoridades han dado por terminada una búsqueda que nunca comenzó», concluyó González en su denuncia.