Mientras miles de familias cubanas recurren al carbón vegetal para cocinar en medio de los apagones y la escasez de gas licuado, las autoridades de Camagüey intentan contener el aumento de los precios mediante controles administrativos y una distribución limitada del producto.
La decisión llega en un contexto marcado por la crisis energética que atraviesa el país, donde los prolongados cortes eléctricos han convertido al carbón en una alternativa imprescindible para numerosos hogares.
Las autoridades locales fijaron un precio oficial de 70 pesos por kilogramo y anunciaron la distribución de un volumen inicial de sacos destinados a la población. Sin embargo, reconocieron que la cantidad disponible resulta insuficiente frente a la demanda existente.
Durante los últimos meses, el precio del carbón se ha disparado en distintos territorios del país. La combinación de apagones, escasez de combustible y dificultades para acceder al gas licuado ha impulsado una creciente dependencia de este recurso.
Según las autoridades, la estrategia busca reducir la intermediación y acercar el producto directamente a los consumidores. También prevé priorizar a sectores vulnerables ante las limitadas disponibilidades actuales.
Aunque el régimen atribuye parte del encarecimiento a los costos de producción y transporte, muchos residentes consideran que el problema responde principalmente a la escasez generalizada y al deterioro de la infraestructura energética nacional.
La situación resulta especialmente polémica porque Cuba mantiene exportaciones de carbón vegetal hacia mercados internacionales mientras aumenta la dificultad para abastecer la demanda interna. En Camagüey funcionan proyectos que continúan enviando toneladas del producto al exterior.
Para numerosas familias cubanas, la contradicción es evidente: el carbón se ha convertido en un artículo esencial para cocinar, pero conseguirlo cada vez cuesta más en un país golpeado por los apagones, la inflación y la falta de alternativas energéticas.
Fundación Robert A. Paneque
