Estados Unidos ha esperado dos días tras el 11-J para sancionar a varios cuerpos represivos que actuaron con contundencia contra los ciudadanos cubanos durante el estallido social de 2021, que se conmemoró el sábado. El Departamento del Tesoro ha sumado este lunes a su lista negra a una decena de organismos represivos, además de ministerios y empresas estatales vitales para la revolución. Bajo el título Más sanciones a las fuentes de financiamiento y herramientas de opresión del régimen cubano, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha castigado a las famosas Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y las Milicias de Tropas Territoriales (MTT). Las BRR agredieron con fuerza bruta, mediante palos y objetos, a los manifestantes pacíficos una vez que el presidente Miguel Díaz-Canel anunció en televisión que la "orden de combate está dada". El "primer muro", como denominan a estos trabajadores estatales y albañiles de gran poderío físico, fue creado semanas antes del Maleconazo de agosto de 1994, en el peor momento del Periodo Especial, que dio paso a la histórica crisis de los balseros. Las ACRC también actúan en los mítines de repudio, actos violentos preparados por el Estado para amedrentar a disidentes y opositores que se disfrazan bajo el manto de la falsa indignación popular contra los enemigos de la revolución. "Estas sanciones constituyen un mensaje claro para el minúsculo grupo de incondicionales del régimen: no habrá impunidad para quienes participan en la represión. Durante décadas el régimen ha presentado a las brigadas como expresiones espontáneas del "pueblo indignado", pero en realidad todo obedece a convocatorias e instrucciones que vienen del Partido Comunista y su policía política. Las brigadas han participado en actos de abuso y represión, incluso violentos, en contra de disidentes, activistas y opositores, como ha sucedido con las Damas de Blanco", confirma a EL MUNDO Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Desde que comenzara la ofensiva de Washington contra la dictadura cubana se han decretado 240 sanciones en lo que va de año. De hecho, el Departamento de Estado había advertido en mayo que la presión no había acabado. Todo ello sucede mientras La Habana ha encomendado al nieto favorito de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alías El Cangrejo, las negociaciones para sacar a la revolución del atolladero. Entre los nuevos sancionados también figura el Ministerio de Turismo, precisamente cuando el régimen castrista pensaba que el sector turístico sería su gran tabla de salvación, pese a la crisis crítica que se ha ahondado a costa de los apagones constantes y las distintas epidemias que han asustado a los turistas internacionales. Los datos así lo corroboran: el turismo cubano ha caído un 48% durante el primer trimestre de 2026, con menos de 300.000 visitantes extranjeros. GAESA, el conglomerado económico militar que controla buena parte de las finanzas de la isla, también permanece en la diana estadounidense, de la que no se ha librado ni siquiera su presidenta, Ania Lastres, vinculada con el Cangrejo. Entre las sancionadas aparecen la Corporación Antillana Exportadora S.A. (ANTEX), y dos empresas energéticas: COREYDAN S.A. y ENETEC.
Fundación Robert A. Paneque
