El abogado de inmigración John Dutton, de John Dutton Law PLLC en Houston, Texas, reconoció que no puede predecir el futuro de la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act) ante la política migratoria del gobierno estadounidense, aunque su colega Johan de Rojas expresó que, en su opinión personal, no sufrirá cambios negativos en el corto plazo.

Ambos fueron entrevistados esta semana por Tania Costa, en CiberCuba y en directo explicaron la situación legal de cubanos con distintos tipos de documentos migratorios en esa jurisdicción.

Cuando se le preguntó directamente si la Ley de Ajuste Cubano está en peligro bajo la presión actual del gobierno, Dutton —a través de De Rojas como intérprete— respondió con cautela: «Esa es una gran pregunta. No sé lo que pasará en el futuro con el Ajuste Cubano».

De Rojas explicó la postura de su colega y añadió la suya propia: «Él no quiere asegurar un futuro porque particularmente no lo sabe, dependiendo de lo que pase entre Cuba y Estados Unidos y con las personas que están en Estados Unidos queriendo su ajuste de estatus bajo el ajuste cubano».

El abogado fue claro sobre los límites del análisis: «Yo pienso, Tania, que en general no hay una forma de saberlo. Sería como aventurarnos a leer el futuro».

Sin embargo, De Rojas sí se atrevió a dar una valoración personal: «Desde mi punto de vista, yo no creo que por el momento eso va a pasar. No creo que vaya a pasar algo negativo con la ley de ajuste cubano en este momento, dijo».

El argumento central que respalda esa posición es de carácter legislativo. «Tendrían que pasar muchas cosas, como todos sabemos, y tendría que pasar mucho tiempo y por el Congreso para que ocurriera».

Ese punto es clave. La Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966, solo puede ser modificada o derogada por el Congreso de Estados Unidos ya que ningún presidente tiene facultad para eliminarla mediante orden ejecutiva.

El mayor factor de incertidumbre que señalan desde John Dutton Law es la batalla judicial en torno al formulario I-220A, una orden de liberación bajo supervisión de ICE que el gobierno federal no reconoce como equivalente al parole requerido por la ley para activar el derecho al ajuste de estatus.

El litigio más relevante en curso es Bello-Rubio v. Noem, presentado por 992 cubanos en el Distrito Sur de Florida, que busca que el I-220A sea reconocido jurídicamente como parole. La audiencia clave fue aplazada por segunda vez en Miami en septiembre de 2026, lo que mantiene en suspenso a miles de cubanos que esperan una resolución.

En julio, jueces en Orlando, Nueva Orleans y San Antonio otorgaron residencias a cubanos con I-220A, pero el gobierno federal apeló esas decisiones, dejándolas en suspenso.

La visión de Dutton y De Rojas coincide con la de otros especialistas en el área. Uno de ellos describió en agosto la Ley de Ajuste Cubano como «una cucaracha que puede sobrevivir a una bomba atómica», insistiendo en que no será eliminada a corto plazo, aunque advirtió sobre riesgos prácticos para ciertos grupos de migrantes cubanos según su vía de entrada y documentación.

El consenso entre los abogados de inmigración consultados en 2026 apunta a que la ley no enfrenta una derogación legislativa inminente, pero que el entorno administrativo y judicial crea riesgos reales para los portadores de I-220A, cuyo destino dependerá en gran medida de cómo resuelvan los tribunales los casos pendientes.

El futuro de la Ley de Ajuste Cubano y otros temas que afectan a los cubanos en Estados Unidos siguen en constante evolución. Mantente informado con nuestra sección de Inmigración en EE.UU.

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