Una residente de Cárdenas lleva más de 14 meses esperando la legalización de documentos académicos que contrató en abril de 2025, en un caso que expone el colapso burocrático del sistema cubano de legalización de documentos en Matanzas.

Mairolys Hernández Morales, del reparto 13 de Marzo, en el municipio de Cárdenas, suscribió contrato el 14 de abril de 2025 ante la abogada Yanetsy Cortina Graham, de la oficina de bufetes colectivos de la localidad, para legalizar documentos a nombre de Yaimaralys Aldazábal Ulacia, expuso el viernes la sección de quejas ciudadanas Apartado 1433 del periódico oficial Girón.

Los trámites incluyen la certificación de notas y el plan temático de la licenciatura en Psicología ante la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), así como la legalización del título de pergamino ante el Ministerio de Salud Pública (Minsap) y el Ministerio de Justicia (Minjus).

Desde entonces, la respuesta de la abogada ha sido siempre la misma: «Hay que esperar… esos trámites demoran… tenemos contratos que llevan hasta dos años, etc, etc.», refirió la afectada en una carta al medio de prensa.

Harta de la situación, Hernández lanzó una pregunta directa: «¿Cómo es posible que no haya una persona que ofrezca algo convincente? No puede haber justificación ante tanto maltrato, pues pagar un monto elevado por dicha gestión demuestra sacrificio».

El análisis del propio Girón revela dónde se concentra la morosidad, pues los contratos se firmaron el 14 de abril de 2025, pero los documentos no llegaron al Minsap hasta el 12 de marzo de 2026, casi 11 meses después.

En ese lapso, la UCMM tardó aproximadamente cuatro meses en expedir los documentos y, posteriormente, estos permanecieron otros cuatro meses estancados en la dirección general de Bufetes Especializados antes de entrar al Minsap.

Al cierre de esta nota, los tres contratos siguen pendientes de culminación ante el Minjus.

Ser­gio Jorge Pagés Valdés, director provincial de Bufetes Colectivos de Matanzas, respondió al caso describiendo los trámites como «de naturaleza compleja e interinstitucional, donde intervienen la UCMM, el Minsap y el Minjus, así como estructuras de gestión del Bufete Especializado, lo cual implica varias fases administrativas de solicitud, verificación, emisión y legalización, con plazos que no dependen exclusivamente del bufete actuante».

El funcionario aseguró además que «mantenemos sistemático seguimiento a dichos expedientes y acompañaremos a la remitente hasta la conclusión».

Girón fue contundente al subrayar que «ante la avalancha de peticiones de este tipo, la obligación de las instituciones comprometidas es hallar soluciones, alternativas que aceleren el proceso, pero jamás retardarlo, porque cada cliente paga, y muy bien, por un servicio decente».

Mientras tanto, Hernández sigue esperando y resume el sentir de miles de cubanos con una pregunta sin respuesta: «¿Hasta cuándo tanto mal trabajo, indolencia, falta de respeto e irresponsabilidad?».

En teoría, la legalización de documentos docentes debería completarse en 45 días hábiles desde la recepción de la solicitud en la universidad, plazo que rara vez se respeta en la práctica.

El volumen de solicitudes se ha disparado por la emigración masiva. En 2024 se legalizaron más de 1,500,000 documentos en Cuba, frente a los 442,564 de 2022, lo que ha colapsado un sistema con cupos diarios limitados de entre 50 y 100 documentos por bufete, agravado por los apagones que obligan a procesar trámites de forma manual.

Desde febrero de 2025, el Minjus asumió las funciones de legalización que antes correspondían al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el cambio institucional no ha resuelto los cuellos de botella.

Las tarifas vigentes fijadas por la Resolución 486/2025 establecen además una diferencia de hasta 25 veces entre lo que paga un residente y un cubano en el exterior, esquema que la organización Cubalex calificó en enero como «apartheid económico» y «legalización de la desigualdad».