La Florida International University (FIU) publicó a finales de octubre su encuesta anual sobre la opinión cubanoamericana, un estudio que retrata una comunidad marcada por tensiones internas y posiciones aparentemente contradictorias: los mismos encuestados que respaldan la presión máxima contra el régimen cubano también apoyan medidas de alivio directo para el pueblo de la isla.

El sondeo, dirigido por los doctores Guillermo J. Grenier y Qing Lai del Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de FIU, entrevistó a 1,004 cubanoamericanos adultos residentes en Miami-Dade entre el cuatro y el 29 de septiembre, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales.

Es la decimosexta edición de la encuesta más longeva sobre la comunidad cubana en el sur de Florida, realizada ininterrumpidamente desde 1991.

En cuanto a la política de presión, el 77% de los encuestados respalda la estrategia de máxima presión sobre el gobierno cubano, el 73% apoya una acción militar estadounidense para derrocarlo —con preferencia por operaciones clandestinas de la CIA, según el 43%— y el 65% respalda el bloqueo de importaciones de petróleo a la isla.

Al mismo tiempo, esa misma comunidad muestra un amplio consenso en las medidas humanitarias: el 73% favorece la venta irrestricta de medicamentos, el 70% la de alimentos, y el 74% apoya la asistencia estadounidense al sector privado cubano para aliviar la crisis humanitaria.

Esta dualidad —presión al régimen, alivio al pueblo— define el perfil colectivo de los cubanoamericanos de Miami-Dade. La comunidad se divide exactamente al 50% sobre si el sufrimiento del pueblo cubano es un coste aceptable para lograr el cambio de régimen: «fuertemente en desacuerdo» es la respuesta individual más frecuente, con el 37%, aunque entre los republicanos el 70% acepta ese coste.

En materia migratoria, el rechazo a las deportaciones es uno de los puntos de mayor consenso transversal: el 76% desaprueba las expulsiones de cubanos sin antecedentes penales, incluido el 63% de los propios republicanos. El 87% pide reanudar el procesamiento de beneficios migratorios para cubanos ya residentes en Estados Unidos, con apoyo casi idéntico entre republicanos (86%), demócratas (90%) e independientes (86%).

Las diferencias entre subgrupos son marcadas. Los llegados a Estados Unidos después de 2020 —el 4,7% de la muestra— muestran posiciones notablemente distintas a las de los migrantes históricos: el 92% desaprueba fuertemente las deportaciones, el 96% apoya políticas de bienestar económico para Cuba y el 82% respalda un sistema multipartidista en el que el Partido Comunista pueda competir. Los migrantes anteriores a 1995, en cambio, son los más favorables a la línea dura.

El contexto electoral impregna el estudio, publicado días antes de los comicios legislativos de este martes en Florida. El 68% de los cubanoamericanos afirma que votará por el candidato republicano de su distrito al Congreso. Entre los votantes registrados, el 53% se identifica como republicano, el 27% como independiente y el 18% como demócrata.

Sin embargo, la economía —no la política hacia Cuba— encabeza las prioridades de la comunidad, con una puntuación de 4,78 sobre cinco, seguida de la salud (4,73) y la inmigración (4,35). La política hacia Cuba ocupa el cuarto lugar (4,18). La aprobación de la gestión de la administración Trump en política hacia Cuba alcanza el 66%, pero cae al 50% en su manejo de la economía, la calificación más baja de todas las áreas evaluadas.

Sobre las perspectivas de cambio en la isla, el 29% de los encuestados cree que ese cambio nunca llegará, mientras que el 22% lo espera en menos de un año. Los mayores de 76 años son los más pesimistas: el 39% elige «nunca».

¿Qué piensan los cubanos dentro de la isla?

Los resultados de FIU adquieren una dimensión más amplia al contrastarlos con otras encuestas independientes realizadas durante 2026, que permiten conocer las opiniones de miles de cubanos residentes en la isla, aunque con metodologías y grados de representatividad diferentes.

La Encuesta Cuba, promovida por una coalición de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos CiberCuba, reunió 42.263 respuestas válidas entre abril y mayo, el 58 % procedentes de residentes en el país.

Entre todos los participantes, el 60,9 % respaldó una intervención militar directa de Estados Unidos y el 64,9 % se pronunció a favor del derrocamiento del régimen por cualquier medio, incluida la vía armada. Al considerar exclusivamente las respuestas recibidas desde Cuba, el 60,5 % apoyó esta última opción, mientras el 23,2 % prefirió una transición negociada.

También aparecieron diferencias sobre las sanciones y la apertura económica. Entre los participantes residentes en Cuba, el 43,8 % favoreció mantener el embargo estadounidense como instrumento de presión, el 26,1 % defendió eliminarlo gradualmente a cambio de reformas y apenas el 14,8 % pidió su levantamiento incondicional. Sin embargo, los encuestados dentro de la isla mostraron mayor disposición que los emigrados a aceptar inversiones de cubanos del exterior sin condiciones políticas.

Otros estudios ofrecen una perspectiva complementaria. La investigación «FOCO Cuba: Opinión, autocensura y acción cívica», realizada por Cubadata para Diario de Cuba entre mayo y junio, consultó a 2.214 residentes en la isla. El 60,4 % consideró urgente un cambio político, pero el 61,9 % reconoció temer represalias contra sí mismo o sus familiares por expresar opiniones críticas, y el 58,9 % afirmó que evitaba hablar de política casi siempre.

Por su parte, el IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a partir de 1.318 entrevistas presenciales, encontró que el 95 % valoraba negativamente la gestión económica y social del Gobierno, mientras el 77 % reclamaba transformaciones políticas y económicas simultáneas. Además, ocho de cada diez entrevistados declararon haberse saltado alguna comida por falta de dinero o alimentos.

Estos estudios no pueden compararse directamente como si midieran poblaciones idénticas. FIU utilizó una muestra probabilística de cubanoamericanos de Miami-Dade, mientras la Encuesta Cuba recurrió a la participación voluntaria por internet y Cubadata empleó un panel digital. Sus resultados, no obstante, permiten identificar coincidencias en la demanda de cambios y diferencias sobre los medios para alcanzarlos.

La cuestión de quién asume las consecuencias de las políticas de presión adquiere así especial relevancia. El propio Guillermo J. Grenier, codirector del sondeo de FIU, advirtió en un análisis publicado el 2 de noviembre en OnCuba que el respaldo mayoritario de los cubanoamericanos a esas medidas no permite saber cuánto tiempo están dispuestos a mantenerlo si no se produce el cambio político esperado.

Sobre los cubanos que soportan directamente las consecuencias de esa estrategia, Grenier resumió una limitación fundamental de la encuesta de Miami: «Quienes pagan ese precio no aparecen en ella».