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Cómo pasar de los análisis a las acciones; de las indicaciones generales a soluciones concretas en cada territorio; de eso se habló en Holguín durante el intercambio sostenido por presidentes de tres comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) con autoridades y representantes de los municipios de la provincia, como parte de un recorrido nacional que realiza este órgano para acompaña la implementación de las Transformaciones.
Carlos Rafael Fuentes León, presidente de la comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular; Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, y Ramón Aguilar Bentancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, integran el grupo de trabajo que, bajo la conducción del presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, da seguimiento a este proceso junto a los gobiernos locales.
Holguín fue la penúltima provincia visitada en un recorrido que ha abarcado todo el país. El propósito: conocer cómo se están llevando a la práctica las medidas, identificar obstáculos y, sobre todo, acompañar a los municipios en la búsqueda de soluciones.
Aunque Lazo no estuvo presente en el encuentro, sus principales consideraciones fueron compartidas por Fuentes León. La primera de ellas apunta directamente al desafío que tienen por delante los órganos locales: las transformaciones no pueden quedarse en el discurso ni en los documentos.
Se impone —explicó— pasar de los análisis y estudios a la concreción de acciones. Y para ello resulta imprescindible la participación y el control popular.
En ese camino, señaló, una de las herramientas concebidas es el movimiento participativo Mi Barrio por la Patria, llamado a propiciar una mayor intervención de la población en la identificación de problemas y en la búsqueda de respuestas desde las propias comunidades.
También insistió en una cuestión que atraviesa el funcionamiento de los órganos locales: la necesidad de trabajar en sistema. Esa articulación, considerada una deuda histórica, supone aprovechar las capacidades disponibles en cada territorio e involucrar a todas las personas que, por su experiencia y talento, puedan aportar a un proceso definido durante el intercambio como revolucionario, innovador y de profundas transformaciones.
La exigencia por el cumplimiento de las indicaciones constituye otra de las premisas señaladas. En particular, se llamó a los delegados a las Asambleas Municipales y a los diputados a la Asamblea Nacional a ejercer la autoridad que les otorgó el pueblo.
En ese esquema también se ubican los Consejos Populares. Su actuación debe alcanzar, dentro de sus respectivas demarcaciones, tanto a las entidades estatales como a las formas de gestión no estatal, de manera que el control y la atención a los problemas no dependan de la naturaleza de quien presta un determinado servicio o desarrolla una actividad.
Uno de los puntos que deberá ocupar la agenda de los gobiernos municipales es la actualización de las Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM), de modo que respondan a las transformaciones y a las nuevas normas jurídicas.
La nueva versión de esas estrategias deberá ser discutida en noviembre por las Asambleas Municipales del Poder Popular de todo el país.
La fecha tiene además una significación especial. El próximo 31 de octubre se cumplirán 50 años de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular. Trabajar en la transformación de sus sistemas de funcionamiento y en una mayor vinculación con la población constituye, en ese contexto, una de las maneras planteadas para conmemorar la fecha.
Para Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, comprender el alcance de las transformaciones exige mirarlas como parte de un proceso más amplio.
Los Lineamientos, la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, los paquetes de medidas relacionados con la empresa estatal y la recuperación de la actividad cañero-azucarera y, posteriormente, el Programa de Gobierno forman parte de una trayectoria que llegó a un punto en el cual determinadas trabas limitaron la posibilidad de continuar avanzando.
Es en ese escenario donde, explicó, aparecen las actuales transformaciones, en un contexto marcado además por el arreciamiento de la política de hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba.
Para Martínez Suárez, uno de los principales retos económicos está asociado a la disponibilidad de recursos financieros. Por ello, las transformaciones buscan, entre otros propósitos, ampliar las vías para obtener esos recursos y permitir la recapitalización de programas sociales.
La relación entre economía y política social fue colocada así en el centro del intercambio ya que una economía que no genere recursos suficientes limita la capacidad de sostener los programas destinados a la población.
Una de las tareas planteadas a los gobiernos locales es realizar un inventario de los espacios subutilizados o en desuso existentes en sus territorios y encontrar las vías para recapitalizarlos. La indicación conecta directamente con otra de las capacidades que, según Martínez Suárez, deben desarrollar los gobiernos: «aprender a hacer negocios» pero con las lógicas y principios del socialismo, bajo criterios de responsabilidad social.
La actualización jurídica resulta, en ese propósito, indispensable. Las transformaciones están acompañadas por un conjunto amplio de normas y disposiciones que deben ser conocidas y utilizadas por quienes tienen la responsabilidad de implementarlas. Ante la magnitud de ese entramado normativo, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos llamó a los gobiernos a apoyarse en grupos asesores y en herramientas como la inteligencia artificial.
El papel de la empresa estatal también fue situado en el centro de la discusión. Martínez Suárez la definió como el ente dinamizador de la economía y vinculó su recuperación con la posibilidad de enfrentar los problemas sociales que atraviesa el país.
Una señal concreta deberá quedar reflejada en el plan económico del próximo año: este, dijo, tendrá que evidenciar el crecimiento generado por la aplicación de las transformaciones.
La tierra como recurso estratégico
En el sector agropecuario, la implementación de las transformaciones tiene un soporte normativo particularmente amplio. Ramón Aguilar Bentancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, explicó que son 19 las normas jurídicas vinculadas con la aplicación de estas medidas en la agricultura.
El nuevo marco jurídico incluye la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal y un conjunto de disposiciones complementarias que actualizan las reglas sobre propiedad, posesión y uso de la tierra. La Ley 185 fue aprobada en julio de 2026 y publicada posteriormente en la Gaceta Oficial.
Para Aguilar Bentancourt, la tierra constituye uno de los principales insumos para las Estrategias de Desarrollo Municipal y las nuevas disposiciones ofrecen mayores posibilidades para su aprovechamiento.
Entre los cambios explicados durante el encuentro se encuentran la ampliación de las posibilidades de usufructo, el reconocimiento de determinados derechos sobre las viviendas construidas por usufructuarios y la eliminación de límites anteriores para el otorgamiento de tierras en usufructo.
La nueva legislación establece además que el usufructo se formaliza mediante contrato y que la tierra puede ser entregada a personas naturales y jurídicas, incluidas determinadas personas y entidades extranjeras bajo las condiciones previstas en la norma.
Las cooperativas cuentan también con nuevas facultades, entre ellas la posibilidad de importar y exportar, realizar comercio mayorista y contribuir al mejoramiento de la infraestructura social de las comunidades.
Otro de los cambios señalados está relacionado con la comercialización de las producciones agropecuarias. Los precios pueden establecerse mediante acuerdo entre las partes, mientras corresponde a los gobiernos procurar que esos acuerdos incorporen criterios de responsabilidad social cuando se trate de producciones destinadas al consumo social.
El reto, insistió Aguilar Bentancourt, consiste en llevar esas posibilidades a la realidad de cada territorio y hacer que las estrategias municipales respondan a las condiciones concretas de cada localidad.
El intercambio permitió colocar sobre la mesa no solo las oportunidades que abren las nuevas disposiciones, sino también las dificultades que enfrentan quienes deben aplicarlas.
Neyvis Moreno, directora de Desarrollo Territorial en la provincia, informó sobre la situación de la plantilla laboral de las estructuras encargadas de planear el desarrollo en los territorios la cual se comporta al 47,4 en la provincia.
Informó que en la provincia existen hasta la fecha 1 018 nuevos actores económicos, 38 345 trabajadores por cuenta propia, 40 pymes estatales y 12 cooperativas no agropecuarias. Se trabaja en un número significativo de nuevas solicitudes y unas 150 ya están listas en espera de aprobación.
Entre los obstáculos identificados aparecen las demoras en las plataformas digitales, las certificaciones bancarias y las relacionadas con la Oficina Nacional de Administración Tributaria, además de la necesidad de que se cumplan los términos establecidos para los diferentes procedimientos y se respete la territorialidad.
Es precisamente en ese punto donde las disposiciones nacionales encuentran su prueba más concreta: en la capacidad de las instituciones para convertir una norma en un trámite que funcione, una autorización que llegue a tiempo o una iniciativa que pueda comenzar cuanto antes a producir.
Los presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular de Calixto García, Cueto, Sagua de Tánamo y Frank País compartieron durante el encuentro las experiencias acumuladas en sus respectivos territorios.
Hablaron de la implementación de las transformaciones, de la materialización del movimiento Mi Barrio por la Patria y de los cambios introducidos en sus sistemas de trabajo para priorizar el seguimiento a estas tareas.
El intercambio permitió poner en común problemas y soluciones desde realidades municipales diferentes, pero atravesadas por una misma necesidad, que las transformaciones encuentren expresión concreta en la vida cotidiana de cada territorio.
Los representantes municipales agradecieron, asimismo, las explicaciones ofrecidas por los dirigentes de la Asamblea Nacional y la posibilidad de intercambiar directamente sobre las dificultades encontradas durante la implementación.
En las conclusiones, a cargo de Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de la provincia, quedó claro que “Los presidentes de las AMPP son los máximos responsables de la implementación de las Transformaciones” y que el escenario donde ese proceso debe materializarse es el municipio. De ahí que la tarea no consista solamente en incorporar nuevas disposiciones o reproducir orientaciones, sino en transformar los sistemas de trabajo y concentrarlos en las prioridades de cada territorio.
En Holguín, uno de esos desafíos tiene rostro concreto: 90 148 personas en situación de vulnerabilidad, cifra mencionada durante el encuentro y que coloca la dimensión social en el centro de cualquier estrategia de desarrollo territorial.
La discusión sobre recursos, normas jurídicas, tierras, actores económicos, empresas estatales y nuevas formas de gestión tiene en el centro al territorio y las personas que viven en él.
Las transformaciones tendrán que medirse allí, en la capacidad de los municipios para identificar sus recursos, remover obstáculos, organizar mejor sus sistemas de trabajo y convertir las nuevas herramientas jurídicas y económicas en resultados concretos. El desafío ahora no está en estudiar qué debe cambiar, sino en hacer que el cambio ocurra en cada municipio.
