«En Cuba la verdad es delito grave»: comunicador y analista mexicano
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«En Cuba la verdad es delito grave»: comunicador y analista mexicano

«En Cuba la verdad es delito grave»: comunicador y analista mexicano

De izquierda a derecha: Camila Acosta, Vladimir Turró y Henry Constantín © Facebook / Camila Acosta, Valdimir Turro Paez y Henry Constantin Ferreiro
De izquierda a derecha: Camila Acosta, Vladimir Turró y Henry Constantín Foto © Facebook / Camila Acosta, Valdimir Turro Paez y Henry Constantin Ferreiro

El comunicólogo y periodista mexicano Renán Martínez Casas publicó este viernes en la agencia AMEXI una columna de análisis sobre la represión del régimen cubano contra el periodismo independiente, tomando como caso central el secuestro del reportero Vladimir Turró Páez y concluyendo que, en Cuba, ejercer el periodismo equivale a cometer un delito grave.

El 13 de noviembre, Turró describió lo que vivió la víspera: tres agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron por la fuerza de la vivienda de su madre en La Habana, lo trasladaron con la cabeza forzada entre los pies en un vehículo particular y lo condujeron a un paraje apartado. Allí, uno lo apuntó con una pistola mientras otro lo grababa con un teléfono, exigiéndole que declarara públicamente su renuncia a CubaNet.

«Fuimos a parar a un monte. Fueron momentos de muchísimo terror. ¿Por qué? Porque al llegar allí, uno con teléfono en mano y otro con pistola en mano, intentaron firmarme haciéndome renunciar a CubaNet», relató el propio periodista.

La intimidación incluyó una simulación de ruleta rusa. «El que tenía la pistola me apuntaba y le sacaba el peine donde van las balas, le sacaba el peine, se lo ponía, apretaba el gatillo, se lo volvía a poner. No sé si el peine tenía balas o no las tenía, pero la realidad es que viví muchísimo, muchísimo terror», describió Turró, quien no pronunció una sola palabra ni accedió a grabar el video.

Tras aproximadamente diez horas bajo custodia, fue trasladado a la Sexta Unidad de la Policía, donde un instructor de Villa Marista le presentó un acta de advertencia que lo amenazaba con prisión por «usurpación de capacidad legal». Rechazó firmarla y fue liberado cerca de las nueve de la noche. Su respuesta fue contundente: «Realmente no voy a dejar de hacer mi trabajo, voy a seguir haciendo periodismo»…

Martínez Casas encuadra este episodio en un patrón represivo más amplio, respaldado por cifras documentadas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró al menos 387 acciones represivas durante octubre de 2026, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y 145 cercos domiciliarios contra activistas.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) contabilizó en septiembre 134 violaciones a la libertad de expresión derivadas de 106 hechos, con un incremento del 129,4% en las violaciones específicas a la libertad de prensa respecto a agosto.

El análisis también documenta otros casos emblemáticos. Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, cumplió dos meses en prisión provisional el 16 de noviembre en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, acusado de «desobediencia», tras ser enviado a una celda de castigo y pasar 15 días sin comunicación con su familia.

La Sociedad Interamericana de Prensa exigió su liberación inmediata en su 82ª Asamblea General celebrada en Bogotá el 25 de octubre. El creador Eduardo Ceballos Pérez (Eddy Ceballos, de Despingovery Channel) permanece en prisión provisional desde junio de 2026 bajo cargos vinculados a espionaje, por publicar un video sobre una instalación militar soviética abandonada.

Este ciclo represivo de noviembre también alcanzó a otras voces. Yoani Sánchez fue detenida nueve horas el 5 de noviembre acusada de «atentado contra el orden constitucional», mientras que Camila Acosta compareció el 19 de noviembre junto a su esposo ante la policía bajo la misma acusación.

«Lo que sí es seguro es que es otro montaje más de la Seguridad del Estado para presionarnos, ya bien sea a abandonar nuestro activismo, nuestra labor como periodistas independientes», declaró Acosta.

El columnista señala que esta represión a la libre expresión y el ejercicio periodístico descansa en un andamiaje legal construido para criminalizarlos: el artículo 124 del Código Penal tipifica el delito de «propaganda contra el orden constitucional» con penas de tres a diez años de prisión; la Ley 162 de Comunicación Social prohíbe contenidos que «subviertan el orden constitucional»; y la Constitución reconoce formalmente la libertad de prensa, pero reserva los medios a la propiedad estatal.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, y Prisoners Defenders registra más de 1,350 presos políticos en la isla.

«En Cuba, contar la verdad puede costar la libertad, la tranquilidad y hasta la seguridad de una familia. Esa es la gravedad de un sistema que castiga el ejercicio de derechos fundamentales y convierte el pensamiento crítico en una amenaza política», concluye Martínez Casas.

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