El régimen cubano presentó el jueves ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) una medida que obliga a todos los actores económicos -estatales y privados, nacionales y extranjeros- a financiar y sostener directamente el sistema de asistencia social del país, desde el pago de pensiones hasta los servicios funerarios para familias sin recursos.

La disposición, identificada como medida 70 dentro de un paquete de 176 transformaciones presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, establece que las empresas privadas deberán apoyar el pago a pensionados mediante convenios con bancos, respaldar comedores del Sistema de Atención a la Familia, sostener hogares de ancianos, maternos y casas de abuelos, y apoyar hogares de niños sin amparo parental.

La lista de obligaciones no termina ahí: las empresas también tendrán que establecer precios diferenciados, descuentos o cupos solidarios para personas vulnerables; crear fondos de emergencia locales con aportes privados; habilitar sus locales como puntos de acopio en situaciones de crisis; contribuir al transporte sanitario y social; respaldar instituciones de salud pública y centros educacionales; e incluso costear servicios funerarios para familias sin recursos.

Lo que el régimen presenta como «responsabilidad social» es, en realidad, la formalización de su propia quiebra institucional.

Ejemplos sobran. El gobierno provincial de Granma admitió el miércoles que no contaba con los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados ese mes.

En mayo, el gobierno de Holguín ya había recurrido a unas 20 mipymes privadas para entregar pensiones en efectivo a unos 5,000 jubilados ante el colapso del sistema bancario. Y en marzo, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconoció sin rodeos: «No hay recursos para atender a personas vulnerables».

La pensión mínima, fijada en 4,000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, equivale a menos de 10 dólares en el mercado informal, mientras que la canasta básica en La Habana ronda los 12,000 pesos por persona al mes, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana.

Una encuesta de la organización ASIC aplicada a 506 jubilados en cinco provincias reveló que el 98,8 % percibe abandono institucional y que el 99% afirma que su pensión no cubre sus necesidades básicas.

El trasfondo demográfico agrava el cuadro: Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7 % de su población de 60 años o más al cierre de 2024, sobre un total de apenas 9,7 millones de habitantes.

Solo existen 156 hogares de ancianos con 12,697 camas para todo el país, y 51 municipios carecen de cualquier servicio de atención a la tercera edad.

En febrero, el régimen ya había autorizado a actores no estatales a abrir y gestionar residencias para adultos mayores, una señal inequívoca de que el Estado reconocía su incapacidad para cubrir esa demanda.

Marrero Cruz describió las medidas ante la ANPP como un «ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo», en lo que calificó como el escenario más complejo que enfrenta Cuba desde el Período Especial de los años noventa.

Para justificar los cambios, recurrió a una cita de Fidel Castro de 1993: «La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca».

El paquete de 176 medidas -que incluye además la autorización de banca privada por primera vez desde 1959 y la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes- fue presentado como la solución a décadas de prohibiciones que el propio régimen impuso al sector privado.

Lo que el régimen no propone es aumentar el presupuesto estatal para la asistencia social ni reformar estructuralmente el sistema de pensiones: en cambio, traslada esa carga a las mismas empresas privadas que durante décadas persiguió, limitó y estigmatizó como una amenaza al socialismo.