La dictadura cubana presentó este mes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un proyecto de ley que unificaría bajo un solo sistema la información registral de nacimiento, el domicilio y los datos biométricos de todos los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes en la isla, con control absoluto del Ministerio del Interior (MININT).

El texto, firmado por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, se denomina «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio» y pretende reemplazar el Decreto Ley 248 de 2007, que el propio proyecto reconoce como desactualizado respecto a los preceptos constitucionales vigentes.

El proyecto define la identidad personal como «la integración armónica de la información registral del nacimiento de los ciudadanos cubanos… con la información biométrica que los individualiza de forma única e irrepetible y se expresa de forma física y digital».

Los datos biométricos quedan definidos en el articulado como «el conjunto de características físicas únicas de cada persona natural sujeta al cumplimiento de la presente Ley, que permiten su identificación indubitada mediante procedimientos científicos y tecnológicos».

Todo el sistema quedaría bajo el mando de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (DIMEC) del MININT, que «dirige, realiza y controla» los procedimientos registrales, digitales y biométricos, según establece el artículo tres del proyecto.

El sistema unificado estaría compuesto por la Autoridad de Identidad Personal y Domicilio, el Registro de Identidad Personal y Domicilio, el Registro de Extranjeros y Migratorio, el proceso de identificación, el servicio de identidad personal y domicilio, y los órganos de Identidad, Registros y Domicilio y de Extranjería.

En materia de domicilio, el proyecto establece que los ciudadanos cubanos tienen «la obligación de mantener actualizada la inscripción de su domicilio» ante la autoridad estatal, definido como «la sede principal de una persona natural, el centro de sus relaciones jurídicas, el lugar en el que reside habitualmente o con la intención de establecerse».

Para determinar el domicilio de un ciudadano, la autoridad tomará como condiciones relevantes «la presencia física en el lugar y las evidencias de su intención de establecer condiciones de vida estables», una formulación que otorga al Estado amplia discrecionalidad para validar o cuestionar dónde vive cada persona.

El alcance de la norma es extraordinariamente amplio: aplica a ciudadanos cubanos, extranjeros residentes, órganos del Estado, empresas, trabajadores por cuenta propia, cooperativas, organizaciones políticas y de masas, y representaciones diplomáticas cubanas en el exterior.

El proyecto no surge en el vacío. El MININT ya opera sistemas biométricos previos —el Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN) y el Sistema de Identidad y Trámites Ciudadanos (NIS)— y la plataforma gubernamental Soberanía.gob.cu exige validación biométrica mediante la aplicación MiIdentidad, que valida la identidad escaneando el rostro y las imágenes del carné.

La nueva ley vendría a dar rango legislativo formal a lo que hasta ahora operaba mediante decretos y resoluciones administrativas, cerrando el círculo al unificar bajo una sola norma los tres pilares del control poblacional: identidad registral, biometría y domicilio.

El contexto en que se impulsa esta legislación es elocuente: un anciano santiaguero falleció frente a una oficina del MININT en agosto de 2025 mientras realizaba trámites para renovar su carné de identidad, un episodio que evidenció las pésimas condiciones del sistema actual que el régimen ahora pretende modernizar y ampliar.

El MININT, que según estimaciones opera con alrededor de 36,000 agentes, utiliza históricamente el sistema de identificación para el seguimiento de disidentes y el control de movimientos de la población, lo que convierte esta concentración de datos en una herramienta de vigilancia de alcance sin precedentes en la isla.