La reconfiguración política de nuestro subcontinente tras el retorno de Donald Trump articula discursos de sometimiento en la ONU, subordinación estratégica en el Pacífico y un peligroso sometimiento
Las piezas del tablero geopolítico sudamericano se mueven con una celeridad alarmante. Tras la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, la región experimentó 10 cambios de gobierno en América Latina y el Caribe.
De ellos, ocho derivaron en administraciones proestadounidenses y abiertamente trumpistas, destacando aliados directos del movimiento MAGA, entre los que se encuentran, José Antonio Kast, en Chile; Keiko Fujimori, en Perú; Abelardo de la Espriella, en Colombia; Laura Fernández, en Costa Rica; Nasry Asfura, en Honduras; y Javier Milei, en Argentina.
Esta metamorfosis política no responde a un fenómeno espontáneo, sino al despliegue sistemático de la diplomacia del garrote.
Un hito de gravedad institucional dentro de este entramado resulta el ingreso de Perú en el denominado Escudo de las Américas. Bajo la coartada de combatir el crimen transnacional, la administración de Keiko Fujimori formalizó la cesión de la dirección estratégica de sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia a los mandos norteamericanos.
Esta plataforma convierte la seguridad interior en una dependencia del Pentágono, institucionalizando la injerencia extranjera y profundizando la pérdida del control estatal sobre recursos e infraestructuras críticas.
Pleitesía y desfachatez en la tribuna multilateral
Durante las sesiones de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, este servilismo alcanzó su expresión más patente. Sin discurso propio ni agenda soberana, la bancada de la derecha regional acudió a la cita multilateral y escenificó un espectáculo de abierta subordinación ante los dictados de Washington.
Gobernantes como Keiko Fujimori y José Antonio Kast convirtieron la tribuna en un escenario de pleitesía, adoptando la narrativa bélica norteamericana contra el crimen organizado y utilizando la seguridad interior de pretexto para ratificar la adhesión de sus países al mando militar del Pentágono.
Con la oficialización también de Chile al Escudo de las Américas, la administración de Kast expone la contradicción de una cúpula empeñada en disfrazar de “coordinación voluntaria” la entrega de información de inteligencia, herramientas de análisis y la formación de sus cuerpos policiales a agencias extranjeras.
Frente a los cuestionamientos por la pérdida de institucionalidad, la retórica del mandatario desacreditó las bases del multilateralismo fijadas en 1945 para dar luz verde a la injerencia militar extranjera, mientras pintaba a su propia nación con trazos de caos y estancamiento que justifican el tutelaje exterior.
Por su parte, el debut de Keiko Fujimori consagró un lenguaje punitivo calificado de guerra contra “grupos terroristas”, proyectando las aulas escolares como espacios de adoctrinamiento y disciplina militar bajo el aval de Washington.
En tanto, sobre la propia tribuna de la ONU, Donald Trump reafirmó la vigencia del poderío estadounidense con una franqueza brutal.
Al advertir sobre la disposición de emplear la fuerza militar “donde sea necesario” y decretar un mundo situado “al borde del abismo”, revalidó la concepción de América Latina como un espacio de dominio natural.

Botín de guerra y farsa del tutelaje
El capítulo venezolano desnuda por sí solo la naturaleza real de esta tutela geopolítica y la fragilidad moral de quienes pactan con el agresor.
Trump llamó “criminal” a Nicolás Maduro ante la ONU y, en la misma jornada, se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para destacar el “mayor acuerdo petrolero de la historia” y calificar de “botín” el petróleo del país agredido militarmente el 3 de enero de este año para secuestrar a su presidente constitucional.
Mientras, a tan solo 15 kilómetros de donde se dieron la mano Delcy y Trump, Maduro espera juicio junto a su esposa acusado por Estados Unidos de cargos que, si no fuera por la gravedad que implican, resultaran poco menos que risibles.
Esta convergencia entre la Casa Blanca y la administración interina de Caracas evidencia el verdadero motor de la agresión imperial y la apropiación impúdica de los recursos energéticos.
Presentar como “reunión histórica” el vínculo calificado abiertamente por Washington de “tutelaje” revela una abyección política sin precedentes, consintiendo el saqueo de la riqueza nacional a cambio del reconocimiento de la potencia ocupante.
La escena provocó la dura objeción del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al señalar ante la cadena CNN un panorama en el que la potencia norteamericana actúa como autoridad absoluta sobre la mandataria venezolana, certificando la liquidación de la soberanía nacional.
Frente a semejante claudicación, el escenario venezolano proyecta una advertencia sombría sobre el horizonte estratégico de la Patria Grande.
La naturalización del tutelaje extranjero, la conversión del patrimonio público en botín de guerra y la demolición de los principios de autodeterminación sientan una amenaza directa para cualquier proyecto de integración regional.
De continuar este curso de sumisión, el continente corre el riesgo de involucionar hacia un mapa de protectorados al servicio de potencias extranjeras, desprovisto de voz propia y encomendado a presenciar cómo su destino se vuelve a redactar en despachos ajenos.
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