El Gobierno cubano abrió la puerta a la participación de inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, en negocios relacionados con refinerías, instalaciones de almacenamiento y comercialización de combustibles, como parte de una reforma de la legislación petrolera con la que busca atraer capital y aumentar la producción de hidrocarburos.

La apertura contempla la posibilidad de negociar inversiones en instalaciones estratégicas que permanecen bajo control estatal, incluidas las refinerías y los grandes depósitos de combustible, según explicaron directivos de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) durante una conferencia de prensa, en declaraciones recogidas por Cubadebate.

El cambio está respaldado por el Decreto-Ley 135 de Petróleo y Gas, publicado el 12 de octubre en la Gaceta Oficial, junto con su reglamento, el Decreto 184.

La nueva legislación, que entrará en vigor el 19 de octubre, amplía las modalidades de contratación y permite una mayor participación de empresas privadas cubanas y compañías extranjeras en diferentes actividades de la industria petrolera.

Refinerías y grandes depósitos podrán entrar en negociaciones

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la posibilidad de incorporar capital privado a proyectos relacionados con infraestructuras petroleras que el Estado considera estratégicas.

Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de CUPET, explicó que las oportunidades de negociación no se limitan a la exploración y extracción de petróleo, sino que también pueden abarcar la refinación, el almacenamiento y la comercialización de combustibles.

El funcionario precisó que instalaciones como los pozos petroleros, las refinerías y las grandes infraestructuras de almacenamiento, entre ellas las bases de supertanqueros de Matanzas, continuarán bajo control estatal.

Sin embargo, esa condición no impide que determinadas instalaciones puedan ser objeto de acuerdos con inversionistas nacionales o extranjeros para incorporar capital privado a proyectos específicos.

Según Pérez Cardoso, las condiciones de esas operaciones dependerán, entre otros factores, de los recursos aportados por los participantes y de los términos negociados entre las partes.

La medida no supone la privatización de las refinerías ni la venta de los principales depósitos de combustible, sino la posibilidad de establecer fórmulas de participación económica bajo las autorizaciones y regulaciones correspondientes.

El artículo 53 del Decreto-Ley contempla que las actividades de refinación puedan desarrollarse de manera individual o mediante asociaciones con personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que los participantes estén debidamente autorizados.

Por su parte, el Decreto 184, que reglamenta la nueva legislación petrolera, establece que las refinerías podrán comercializar sus productos al por mayor, directamente o mediante empresas especializadas. También contempla la venta minorista, aunque condicionada a las aprobaciones y autorizaciones específicas.

Las autoridades no anunciaron durante la presentación contratos concretos de inversión privada en alguna refinería o instalación estratégica de almacenamiento.

Cuba autoriza nuevas concesiones petroleras

La reforma introduce, además, nuevas alternativas para atraer inversionistas extranjeros interesados en la exploración y explotación de petróleo y gas.

Desde comienzos de la década de 1990, Cuba ha permitido la participación de compañías extranjeras en su industria petrolera, principalmente mediante contratos de producción compartida con entidades estatales.

Ahora, la legislación incorpora las concesiones petroleras, una modalidad que permite a los inversionistas desarrollar actividades de exploración y explotación en áreas determinadas, bajo las condiciones establecidas por las autoridades cubanas.

Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), explicó que esta alternativa podría resultar más atractiva para determinadas compañías extranjeras.

Las concesiones tendrán una duración máxima de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros diez, previa aprobación de las autoridades competentes.

Por su parte, los contratos de producción compartida podrán extenderse hasta 40 años, también con opción de prórroga por una década adicional.

Estas concesiones están diseñadas específicamente para la exploración y explotación de yacimientos. La participación en actividades como refinación, transporte o almacenamiento se regirá por las modalidades y autorizaciones aplicables a cada negocio.

La nueva legislación sustituye disposiciones que tenían como antecedentes fundamentales una ley de 1938 y otra de 1959, consideradas desactualizadas por las autoridades cubanas.

Empresas privadas cubanas podrán participar en más negocios petroleros

La apertura también amplía las posibilidades para el sector privado nacional, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas con más de 100 trabajadores y los trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Uno de los cambios destacados por CUPET es la posibilidad de que varias empresas privadas cubanas se asocien para reunir capital y participar en proyectos de mayor envergadura.

No obstante, Pérez Cardoso aclaró que algunas modalidades de asociación todavía requieren disposiciones complementarias que deberán aprobarse progresivamente.

La participación privada en el sector petrolero tampoco comienza con esta legislación.

El directivo reconoció que actualmente existen actores económicos privados que importan y transportan combustibles, además de disponer de instalaciones propias para almacenarlos.

También explicó que el transporte de hidrocarburos ha experimentado cambios con la incorporación de camiones operados por transportistas privados, junto a los medios tradicionalmente utilizados por CUPET, el sistema ferroviario y el transporte marítimo.

La presencia de estos nuevos participantes obliga a establecer procedimientos de certificación y supervisión para actividades relacionadas con la importación, distribución, manipulación, almacenamiento y comercialización de productos petroleros.

El funcionario indicó que se elaboran otras disposiciones destinadas a precisar las condiciones que deberán cumplir los operadores privados.

La legislación también establece prioridad para los proveedores nacionales de bienes y servicios cuando sus ofertas satisfagan las exigencias técnicas, los plazos de entrega y los precios competitivos requeridos por la industria.

Una apertura en plena crisis de combustible y electricidad

La decisión llega en un momento de severas dificultades para el abastecimiento energético cubano, marcado por la escasez de combustibles, las limitaciones de producción y los problemas del sistema eléctrico.

Cuba produce aproximadamente el 40 % del petróleo que consume, destinado principalmente a alimentar centrales termoeléctricas que sostienen una parte importante de la generación eléctrica nacional.

La situación se ha agravado por las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos desde enero de 2026, que han limitado el suministro de crudo a la isla.

Washington ha permitido la adquisición de combustible estadounidense por parte de emprendedores privados cubanos, pero estas operaciones representan apenas el 3 % de las necesidades nacionales de consumo.

La reforma petrolera se inscribe en un proceso más amplio de flexibilización económica. En junio, el Gobierno cubano aprobó un paquete de 176 medidas que contemplaba mayor participación de actores no estatales y, en julio, avanzó en la apertura de actividades como gasolineras, farmacias y otros servicios.

Con las nuevas normas sobre petróleo y gas, las autoridades pretenden ampliar la producción nacional, desarrollar nuevas reservas y captar recursos financieros y tecnológicos para recuperar instalaciones y mejorar la capacidad operativa de la industria.

Abigantus León señaló que uno de los principales objetivos consiste en incrementar progresivamente la extracción de crudo y gas natural para cubrir una mayor parte de la demanda interna.

El Gobierno también busca atraer inversiones para modernizar procesos industriales y desarrollar actividades relacionadas con los derivados del petróleo.

El Estado mantendrá el control sobre los recursos petroleros

Pese a las nuevas posibilidades para inversionistas privados, la legislación mantiene la propiedad estatal sobre los yacimientos de petróleo y gas.

El Decreto-Ley establece que los recursos del subsuelo continúan siendo propiedad socialista de todo el pueblo, conforme a la Constitución cubana.

Además, las actividades de exploración y explotación requieren autorizaciones específicas. El Estado conserva la facultad de determinar las condiciones de participación de los inversionistas y de denegar determinados permisos por razones de seguridad nacional.

Las empresas interesadas en operar en el sector deberán cumplir requisitos de capacidad técnica, seguridad industrial y protección ambiental.

CUPET ha señalado que la incorporación de nuevos actores será gradual y que podrán desarrollarse proyectos piloto antes de extender determinadas modalidades de participación.

La nueva normativa también exige controles especializados para prevenir incendios, derrames y otros accidentes asociados a la manipulación de hidrocarburos.

Pérez Cardoso reconoció que contar con un marco jurídico más flexible no elimina las dificultades para captar capital extranjero. Entre los obstáculos mencionó la situación geopolítica y las restricciones estadounidenses que afectan las operaciones económicas con Cuba.

Por ahora, la reforma establece las condiciones legales para negociar nuevos proyectos, pero su impacto sobre la producción y el abastecimiento dependerá de que se concreten inversiones, se autoricen las operaciones y se incorporen los recursos necesarios.

Algunas modalidades, especialmente las asociaciones entre empresas privadas nacionales, todavía deberán esperar por la aprobación de regulaciones complementarias.