Más de 1,7 millones de jubilados cubanos cobran pensiones de menos de 10 dólares mensuales y deben hacer fila desde las cinco de la mañana frente a los bancos para intentar retirar un efectivo que, con frecuencia, no está disponible. Esa es la cara más visible del colapso del programa de bancarización impulsado por el régimen de Cuba tres años atrás, un proceso que prometía modernizar la economía y que hoy es reconocido incluso por la prensa oficialista como “un problema social”. El caso del periodista jubilado Arturo Chang, de 74 años, resume la arbitrariedad del sistema. Días atrás, Chang intentó pagar 10 panes en un negocio privado de Santa Clara con 100 billetes de cinco pesos, dinero que el propio banco estatal le había entregado como pensión. La empleada del establecimiento se negó a aceptarlos. Su pensión máxima es de 3.653 pesos cubanos mensuales, el equivalente a menos de 10 dólares. “Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes, sobre todo, los más envejecidos”, escribió Chang en el periódico Trabajadores, recogido por el portal CiberCuba. Los jubilados son el grupo más golpeado por la escasez de liquidez, en parte porque la mayoría carece de teléfonos inteligentes y no puede recurrir a los pagos electrónicos que la dictadura promueve como solución. La brecha tecnológica los obliga a depender del efectivo en un sistema donde los cajeros automáticos están vacíos o directamente fuera de servicio. En La Habana, más del 50% de los cajeros ya no funcionaban en mayo, según datos publicados por CiberCuba. El Banco Metropolitano habría reducido, además, el límite de retiro a 3.000 pesos por operación, por debajo del propio tope legal de 5.000 pesos fijado en 2023. La magnitud del fracaso queda expuesta en los números. A escala nacional, apenas el 3,77% de las transacciones son digitales, pese a que las autoridades han detectado más de 26.500 deficiencias, aplicado 15.240 multas y ordenado el cierre de 269 establecimientos. En Pinar del Río, solo entre el 10% y el 12% de unas 700.000 operaciones mensuales se realizan por vías digitales. En Sancti Spíritus, menos del 10% de las mipymes y trabajadores privados acepta transferencias como método de pago habitual, de acuerdo con un sondeo del mes pasado. Ante ese panorama, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) lanzó una nueva campaña en redes sociales para defender la bancarización y ofrecer su diagnóstico del problema. A través de una infografía publicada por Bandec Matanzas, la entidad sostiene que la escasez de efectivo se produce porque los negocios que cobran en efectivo no depositan sus ingresos, lo que deja el dinero “retenido fuera del sistema financiero”. La propuesta del banco es directa: “Más pagos digitales para que el dinero regrese a las sucursales y pueda redistribuirse”. La respuesta en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente crítica. Uno de los comentarios más respaldados señaló que “el dinero de los jubilados tiene que estar ahí, no pertenece ni al banco ni a los comerciantes; el banco solo es el custodio”. Otros usuarios apuntaron que el Estado debería aumentar la oferta de productos en pesos cubanos para que el dinero vuelva de forma natural al sistema. “No le echen más la culpa a las personas”, escribió otro internauta, mientras que un tercero comparó el argumento del banco con responsabilizar a los ciudadanos por los apagones. Las críticas a la infraestructura tecnológica también abundaron. Muchos establecimientos aún no cuentan con terminales de punto de venta (POS) o sufren cortes frecuentes de conectividad, lo que hace prácticamente inviable el uso cotidiano de los pagos electrónicos, en especial para las personas mayores. El propio director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba (BCC) lo admitió en mayo: “Si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar”, según recogió CiberCuba. La situación ha generado un mercado paralelo donde la extracción de efectivo “al por ciento” —con comisiones de entre el 35% y el 50%— se ha normalizado como única vía de liquidez para miles de cubanos. En Santiago de Cuba, la policía detuvo en mayo a individuos que cobraban esas comisiones por convertir transferencias en efectivo. El ciudadano Freddy De León López tardó tres días en retirar apenas el 40% de su salario debido a cajeros sin efectivo y caídas del sistema. Cuando lo logró, un negocio privado rechazó su pago electrónico. El Banco de Crédito y Comercio (Bancec) de Ciego de Ávila emitió un comunicado exigiendo a mipymes y cuentapropistas el cese del rechazo de billetes de cinco, 10 y 20 pesos, al calificarlo de “flagrante violación de los derechos de los ciudadanos”. La respuesta ciudadana fue contundente: “Si es una ley, no hace falta ningún llamado de conciencia. Lo que corresponde es aplicarla sin mano blanda”. El régimen aprobó el 19 de junio un paquete de 176 medidas que incluye, por primera vez desde 1959, la autorización de banca privada y la eliminación de límites en las extracciones de efectivo. Las reformas llegan cuando el sistema bancario ya opera en condiciones de colapso, según reconoció el periódico oficialista Venceremos de Guantánamo, que admitió que la crisis del efectivo “ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social”.
Fundación Robert A. Paneque
