La gestión cultural contemporánea atraviesa uno de sus dilemas más complejos: la encrucijada entre la rentabilidad económica inmediata y la responsabilidad histórica de preservar el nivel intelectual y sensible de la sociedad.
A escala global, la proliferación de la música urbana de consumo masivo ha dejado de ser un fenómeno de modas juveniles para convertirse en un producto financiero hiperestandarizado.
Si bien es comprensible la necesidad de generar ingresos en tiempos de precariedad, la política cultural debe ser cautelosa con las concesiones que realiza, pues la soberanía estética y el patrimonio de un país no pueden ponerse en subasta.
Desde el análisis puramente técnico, buena parte de las producciones que dominan las listas comerciales presentan un evidente empobrecimiento formal. La riqueza polifónica, el desarrollo melódico y la variedad armónica han sido sustituidos por bucles repetitivos y fórmulas elementales diseñadas para el consumo rápido.
En el plano lírico, la búsqueda metafórica y el cuidado de la palabra ceden espacio a una poética efectista que, con frecuencia, promueve contenidos sexistas, cosificantes y apologías de la violencia y la «guapería». Este fenómeno no aporta valor literario ni musical; por el contrario, erosiona la capacidad crítica y la sensibilidad de las nuevas generaciones.
Esta simplificación del lenguaje artístico no es ajena a la historia. En períodos de profunda crisis y precariedad socioeconómica —como las posguerras del siglo XX—, las dinámicas culturales han sufrido severas fracturas. Sin embargo, mientras en aquel entonces las vanguardias respondieron con rupturas conceptuales complejas como el piano preparado, la crisis actual parece empujar hacia la vacuidad comercial.
Es inevitable que existan manifestaciones efímeras que respondan a la moda del momento; la propia historia demuestra que aquello que carece de sustancia estética no logra asentarse en la memoria colectiva y se disuelve con el tiempo. El verdadero riesgo radica en que, durante su ciclo de consumo masivo, estos fenómenos desplacen a las expresiones de mayor calado e invisibilicen el rigor.
Defender la preservación de la alta cultura no implica promover la segregación ni la censura. En la diversidad habita la riqueza de una nación y resulta legítimo que coexistan públicos con distintas demandas. La clave no radica en cerrar puertas, sino en delimitar y dignificar cada espacio con criterio de jerarquía.
Fenómenos emergentes o de consumo masivo —como los que abarrotan plazas y festivales al aire libre— tienen sus circuitos naturales de comercialización. No obstante, escenarios emblemáticos de la nación, como el Teatro Sauto, no pueden supeditar su programación al mercado. Actuar en semejantes templos de las artes debe ser un reconocimiento que se gana con madurez, trayectoria y rigor técnico.
Garantizar una segmentación racional de los espacios y sostener la exigencia en las instituciones es el único camino para proteger el nivel cultural general. Aceptar la existencia de diversos géneros no significa renunciar a la calidad. Mantener el equilibrio exige firmeza conceptual: la sostenibilidad económica de las instituciones jamás puede costearse al precio del empobrecimiento ético y estético de la sociedad. (Por: Mary Horta/Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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