Desde la orden ejecutiva de enero, durante 2026 Washington ha ampliado la presión económica sobre Cuba. Energía, empresas, finanzas y sector privado quedan atrapados en una estrategia que La Habana denuncia como un intento de forzar cambios políticos mediante la coerción
La imagen de un buque escoltado por guardacostas estadounidenses en aguas del Caribe resume, por sí sola, la dimensión alcanzada por la política de máxima presión de Washington contra Cuba. El 2 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que había interceptado a comienzos de septiembre el buque Grace, al que acusó de transportar combustible con destino a nuestro país y de emplear tácticas asociadas a la llamada “flota en la sombra”. La embarcación fue posteriormente conducida hacia México.
El episodio no aparece aislado. Es el más reciente capítulo de una política que durante 2026 ha ido extendiendo el alcance de las sanciones estadounidenses contra Cuba y que convirtió el acceso al combustible en uno de sus principales instrumentos de presión.
La escalada comenzó el 29 de enero, cuando el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380. El documento declaró que las políticas y acciones del gobierno cubano constituían una amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
La orden estableció un mecanismo mediante el cual Washington podría imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministraran directa o indirectamente petróleo a Cuba. La propia disposición facultó al Departamento de Estado, en coordinación con otras agencias, para intervenir en la determinación de esas medidas.
Con ello, la presión dejó de dirigirse exclusivamente contra Cuba. El mecanismo introdujo también un elemento de coerción sobre terceros países y convirtió el suministro energético en un asunto susceptible de generar consecuencias comerciales para quienes participaran en él.
Desde el 30 de enero transcurre así una nueva etapa del prolongado conflicto económico entre Washington y La Habana: el cerco energético contra Cuba.
En un país donde la generación eléctrica, el transporte, la distribución de mercancías y buena parte de las actividades productivas dependen de la disponibilidad de combustibles, las restricciones sobre este recurso tienen efectos que desbordan el ámbito de las transacciones internacionales. La presión energética, por tanto, no se limita a una disputa entre gobiernos. Sus consecuencias alcanzan la vida cotidiana.
La presión económica contra Cuba
A medida que avanzó el año, la política estadounidense tampoco quedó circunscrita al petróleo.
A partir del 1.⁰ de mayo, la Orden Ejecutiva 14404, amplió el universo de conductas susceptibles de sanción y permitió actuar contra personas extranjeras relacionadas con varios sectores, entre los que se encuentran energía, defensa, metales y minería, y servicios financieros de la economía cubana.
La medida confirmó que el cerco energético formaba parte de una arquitectura de presión económica mucho más amplia.
El objetivo declarado por Washington es promover cambios en Cuba y responder a lo que considera amenazas para su seguridad nacional y política exterior. Para las autoridades cubanas, las sanciones constituyen instrumentos de presión destinados a provocar transformaciones políticas y económicas mediante el estrangulamiento económico y el deterioro de las condiciones materiales del país.
Mientras Estados Unidos incrementa las restricciones, Cuba intenta simultáneamente modificar mecanismos internos de su economía. En junio, el gobierno cubano aprobó 176 transformaciones económicas y sociales orientadas a modificar diferentes áreas de la actividad nacional.
El paquete incluye medidas de descentralización, mayor autonomía municipal y cambios destinados a ampliar el espacio de actores privados, además de transformaciones relacionadas con inversión, comercio, agricultura, transporte y otros sectores. Ya en agosto, 134 de las 176 transformaciones, equivalentes al 76.1 por ciento, contaban con respaldo jurídico, según informó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Pero las reformas se desarrollan en condiciones especialmente adversas. El déficit energético atraviesa toda la economía: afecta el transporte de personas y mercancías, compromete la generación de electricidad y obstaculiza el funcionamiento de actividades productivas y servicios esenciales.
Cuba denuncia el cerco energético
En medio de este contexto, el gobierno ha denunciado que la presión estadounidense no solo dificulta la compra directa de combustible, sino que también genera temor entre las compañías extranjeras interesadas en comerciar con Cuba. Esta escasez impacta directamente en la vida cotidiana.
El viceministro cubano de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío ha insistido en que las medidas estadounidenses buscan condicionar las decisiones económicas y políticas de Cuba mediante la presión, mientras deja claro que la soberanía de la nación no es negociable.
Desde esa perspectiva, el problema no consiste únicamente en las sanciones aplicadas a entidades cubanas, acaso también en el efecto extraterritorial que La Habana atribuye a la política estadounidense. La presión sobre terceros se convierte así en uno de los componentes esenciales del cerco.
Septiembre volvió a demostrarlo, cuando el día 17 el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra 11 entidades y funcionarios cubanos relacionados, según Washington, con los sectores del níquel y la actividad militar. La medida alcanzó a cuatro empresas vinculadas a recursos de níquel, cuatro entidades militares de investigación y desarrollo, y tres funcionarios.
Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez denunció que estas medidas coercitivas agravaban las dificultades económicas de la población cubana.
Las consecuencias son visibles en la vida diaria. Los prolongados apagones –en numerosas localidades sobrepasan las 20 horas diarias– afectan la preparación de alimentos, el bombeo de agua potable, la conservación de medicamentos, las telecomunicaciones y el funcionamiento de hospitales, escuelas y centros de trabajo.
La supervivencia de niños con cáncer ha descendido a 65 por ciento, frente a un 85 por ciento registrado antes del recrudecimiento del bloqueo energético. Más de 100 000 personas esperan cirugías electivas o reconstructivas; entre ellas, 5 152 pacientes oncológicos y unos 12 000 niños. De los 395 fármacos que Cuba produce dentro de su cuadro básico de salud, 300 están en falta por dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos.
La presión también alcanzó al sector privado
El 30 de septiembre entraron en vigor nuevas modificaciones de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Las nuevas disposiciones delimitaron determinadas transacciones financieras directas e indirectas con entidades incluidas en la lista de restricciones de Cuba y eliminaron autorizaciones que habían permitido ciertas operaciones bancarias relacionadas con emprendedores privados cubanos. También modificaron autorizaciones de viaje, sobre todo del sector académico.
La particularidad de esta nueva fase es evidente. Las prohibiciones ya no se presentan solamente como una herramienta dirigida contra estructuras estatales cubanas. Igualmente afectan espacios económicos privados que, al mismo tiempo, forman parte de las transformaciones que La Habana intenta desarrollar.
El presidente Miguel Díaz-Canel señaló la contradicción: Washington sanciona empresas privadas cubanas al mismo tiempo que afirma defender la expansión del sector privado de Cuba. Denunció que estas medidas constituyen un obstáculo para ese desarrollo.
Más de seis décadas de bloqueo
Washington defiende estas medidas como instrumentos para responder a lo que considera una amenaza y promover cambios políticos. Las autoridades cubanas sostienen que el verdadero efecto es provocar un deterioro económico capaz de forzar transformaciones gubernamentales desde el exterior.
Lo cierto es que Cuba lleva más de seis décadas bajo el régimen de sanciones y bloqueo estadounidenses, y durante 2026 ha enfrentado una nueva fase de presión, centrada especialmente en su capacidad energética.
Pero el relato cubano no termina en la denuncia. Las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio constituyen una respuesta interna a las dificultades. Asimismo lo son las declaraciones de sus funcionarios, quienes insisten en que el país mantiene abierta la puerta al diálogo sin condicionamientos y sobre la base del respeto mutuo, y reclama el levantamiento de las medidas coercitivas.
La resistencia ocupa otro lugar dentro de ese discurso. Díaz-Canel ha reivindicado la capacidad de la sociedad cubana no solo para resistir, más bien para continuar transformando su economía a pesar de la presión. La capacidad de adaptación y de seguir adelante es, desde esa perspectiva, una forma de resistencia.
Cerca de 10 meses de cerco energético aplicado por Trump han añadido nuevas formas de presión a un viejo mecanismo de coerción que lleva ya castigando al pueblo más de 60 años. También han mostrado algo que las sanciones no han conseguido borrar: un pueblo que continúa enfrentando dificultades, buscando soluciones y sosteniendo su país.
El combustible puede ser bloqueado. Las operaciones financieras pueden ser restringidas. Los barcos pueden ser interceptados. La voluntad de una sociedad de seguir adelante no puede medirse en una lista de sanciones. Y ese es quizás el elemento que más incomoda a quienes han apostado durante décadas por la asfixia económica: pese al cerco, Cuba sigue en pie.
La entrada El cerco que no cesa se publicó primero en Revista Bohemia.
