Estados Unidos puso bajo custodia federal a Carlos Antonio Lloga Domínguez, señalado como exfuncionario del ICAP, junto a su esposa y su hijo, mientras avanza su expulsión del país. La medida llegó después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara el fin de su estatus legal y lo vinculó con una entidad que Washington identifica como pieza de influencia y propaganda del régimen cubano.
Rubio sostuvo en X que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha operado durante décadas como una plataforma de extremismo de izquierda e influencia extranjera subversiva dentro de Estados Unidos y en el hemisferio. En su mensaje, también afirmó que el ICAP funciona como el principal frente de influencia e inteligencia del régimen en La Habana, con redes para espiar, difundir propaganda antioccidental, coordinar operaciones de presión política y promover movimientos radicales.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa a una estructura del aparato político cubano que, durante años, ha sido presentada por el castrismo como una oficina de amistad entre pueblos, mientras Washington la describe como un instrumento de penetración ideológica. Esa lectura no es menor: el señalamiento llega en un momento en que la relación entre el poder cubano y sus mecanismos de proyección exterior enfrenta más vigilancia, más sanciones y menos margen para operar con la vieja impunidad.
Rubio recordó además que a comienzos de junio el ICAP y otras organizaciones cubanas quedaron designadas por participar en actividades subversivas antiestadounidenses, bajo facultades de sanción asociadas a la Orden Ejecutiva sobre Cuba de Donald Trump. Desde entonces, cualquier vínculo comercial o político con esa entidad puede exponer a sanciones, procesos o deportación dentro de Estados Unidos.
La advertencia va dirigida a una red que el régimen ha usado por décadas para proyectar influencia fuera de la isla mientras adentro sostiene el control, la censura y la represión sobre los cubanos. Cuando una estructura como el ICAP pasa de ser vitrina diplomática a blanco de sanciones, lo que queda al descubierto es el desgaste de la maquinaria exterior de La Habana y el costo político de un aparato diseñado para servir al poder, no a los ciudadanos.
Fundación Robert A. Paneque
