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«Una vez más, el gobierno de Trump amenaza con poner en riesgo la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones en fondos críticos y, una vez más, no se saldrán con la suya», dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, luego de que una coalición formada por 24 estados y el Distrito de Columbia presentase una demanda contra la actual administración de Estados Unidos ante un tribunal federal de Rhode Island.
De acuerdo con Telesur, la acción legal busca impugnar la legalidad de las condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para acceder a los fondos federales destinados a la preparación, respuesta y recuperación de desastres.
Al respecto, Peter Neronha señaló que el gobierno busca que los estados promuevan leyes que no beneficien a sus ciudadanos ejerciendo presión con la seguridad como excusa.
De su lado, Rob Bonta, fiscal general de California que lidera la demanda junto a su homólogo de Illinois, Kwame Raoul, insistió en que «La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará». Y agregó: «Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos».
De acuerdo con despachos de prensa, los demandantes argumentan que vincular estos recursos, aprobados por el Congreso, al cumplimiento de políticas específicas es ilegal e inconstitucional. Para ello se basan en que el actual gobierno exige a las jurisdicciones locales adoptar mandatos federales en materia de control migratorio, colaboración con agencias federales y nuevos requisitos de administración electoral como condición para recibir las subvenciones.
Ante esta situación, el gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó que el mandatario no puede coaccionar al estado para modificar sus leyes electorales.
Según una información difundida por Sputnik, los estados que se suscribieron a la demanda son: Nueva Jersey, Rhode Island, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky, Pennsylvania Illinois y California.
La acción evidencia la división interna que existe puertas adentro de la nación norteña. También es muestra del rechazo que las actuales políticas migratorias han provocado dentro de la población, puesto que no solo afectan a quienes carecen de documentos legales, aun cuando llevan años trabajando en ese país y pagando sus impuestos, sino también a los propios ciudadanos estadounidenses, algunos de los cuales forman parte de la lista de víctimas de la violencia descontrolada del ICE.
