El secretario de Estado Marco Rubio emitió este martes una declaración oficial en la que llama a la comunidad internacional a unir fuerzas para aislar al régimen de Daniel Ortega, luego de que el dictador anunciara que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones.

Rubio respondió así al anuncio que Ortega hizo el domingo durante el acto de conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua, donde declaró de forma abierta: «Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden: aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder».

En su declaración oficial ante el Departamento de Estado, Rubio afirmó que las palabras de Ortega «dejan al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria» de la dictadura Murillo-Ortega, y señaló que el régimen ha abandonado «incluso la apariencia de consentimiento popular».

El jefe de la diplomacia estadounidense fue directo en su exigencia: «El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas».

Washington convocó además a los gobiernos del mundo a demostrar que la dictadura «no puede esperar mantener relaciones normales con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático».

El anuncio de Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, no sorprendió a la oposición en el exilio. El opositor Juan Sebastián Chamorro señaló que el dictador «se ha quitado una máscara más», confirmando que nunca tuvo intención de permitir que la oposición disputara el poder por vía electoral.

El régimen ya había dado pasos concretos en esa dirección. La reforma constitucional aprobada en enero de 2025 y en vigor desde el 18 de febrero de ese año alteró 185 de los 198 artículos de la Constitución nicaragüense: amplió el período presidencial de cinco a seis años, creó el cargo de copresidenta para Rosario Murillo —esposa de Ortega—, estableció la reelección indefinida y eliminó la independencia de los poderes del Estado.

Como consecuencia de esa reforma, los comicios generales previstos para noviembre de 2026 ya habían sido desplazados a noviembre de 2027. Con su declaración del domingo, Ortega descartó cualquier proceso electoral futuro.

La OEA exigió en junio de 2026 por consenso la restauración de la democracia en Nicaragua y la liberación incondicional de todos los presos políticos, mientras Human Rights Watch documentó al menos 87 presos políticos en el país durante ese año.

La presión de Washington sobre Managua se ha intensificado en los últimos meses. En abril de 2026, EE.UU. sancionó a los hijos de Ortega y Murillo junto a siete empresas mineras vinculadas al régimen.

En junio, impuso restricciones de visado a más de 100 funcionarios adicionales, elevando el total de sancionados bajo la administración Trump-Rubio a más de 2,350 personas.

Ortega respondió en abril llamando a Trump «desquiciado mental» tras la captura de Nicolás Maduro, rompiendo la tregua no escrita que el régimen sandinista mantenía con Washington.

El aislamiento de Nicaragua se ha profundizado además con la caída del régimen chavista en Venezuela, aliado histórico de Managua.

El movimiento opositor Renacer denunció que la dictadura ha «abandonado de forma explícita el sistema democrático», mientras Rubio dejó claro que todas las opciones siguen sobre la mesa, incluyendo nuevas sanciones financieras y restricciones de visado.