El diputado boliviano Edgar Zegarra, de la alianza Libre, denunció en conferencia de prensa que el G-2 estaría operando en Bolivia para debilitar al gobierno del presidente Rodrigo Paz y preparar un golpe de Estado en ese país para octubre.

Las declaraciones se produjeron este lunes en el contexto del escándalo generado por el atentado armado contra la operadora política Nadia Beller, ocurrido el 17 de agosto frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra, y la posterior detención del asesor presidencial Fernando Cerimedo como principal sospechoso.

Beller, formada con el G-2 cubano según Zegarra

El legislador vinculó directamente a Beller con los servicios de inteligencia de La Habana y la acusó de haber viajado a Cuba para formarse con ese aparato.

«Esta señora ha ido a Cuba, la señora Beller, a estudiar con la Inteligencia cubana, ha estado con Evo Morales, con Jeanine Áñez, con Luis Arce y hoy con Rodrigo Paz; no es casual todo esto», afirmó.

«Tengo serias denuncias, hay un grupo que se llama G2, un grupo de Inteligencia cubana que ha montado obras de teatro en Bolivia», añadió.

Según Zegarra, ese mismo grupo habría orquestado episodios anteriores: «Ha montado con luto y dolor el tema del hotel Las Américas, en Santa Cruz, ha montado el tema del autoatentado de Evo Morales, el supuesto golpe de Estado del señor Zúñiga».

La «cortina de humo» y el plan para octubre

El diputado sostuvo que el atentado contra Beller es una maniobra para distraer a la ciudadanía mientras se teje una conspiración mayor.

«Hoy están poniendo una cortina de humo para que el pueblo boliviano se distraiga, hay que investigar lo que ha dicho esta señora (Beller), pero esta cortina de humo es para empezar a tejer un golpe de Estado en octubre, aprovechando el malestar de la gente también porque el Gobierno no ha dado respuestas adecuadas a las necesidades», detalló.

Zegarra señaló directamente al Movimiento al Socialismo (MAS) como el actor que buscaría capitalizar la crisis:

«El MAS quiere aprovechar la convulsión social para dar un golpe de Estado en octubre. Esa es la realidad. Hay un malestar en la sociedad boliviana porque no se han solucionado las necesidades de fondo que tiene el pueblo boliviano, el estómago y el bolsillo de gasolina».

Ese malestar tiene respaldo en cifras: el Banco Central de Bolivia proyecta una caída del PIB de 3,6 % y una inflación del 9,22 % para este año, agravadas por más de cincuenta días de bloqueos de carreteras promovidos por sectores afines al MAS.

«Todo un contubernio»

Zegarra calificó el conjunto de los hechos como una operación coordinada: «Esta es la segunda etapa de la obra teatral para que se victimice Evo Morales, el MAS difama, calumnia y miente, esto es todo un contubernio».

El legislador también exigió transparencia al Ejecutivo sobre el papel de Cerimedo, detenido el 18 de agosto en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba volar a Buenos Aires y con 180 días de detención preventiva por tentativa de feminicidio:

«Yo le pido al Poder Ejecutivo que dejen de negar que el señor Cerimedo haya sido un asesor personal del presidente. Ha sido pues, no podemos ocultar eso, por eso es necesaria la voz del presidente que salga a clarificar todo esto ante el pueblo boliviano».

Antecedentes de injerencia cubana y pedido de comisión internacional

Las denuncias de Zegarra no son nuevas. En abril de 2026, el mismo legislador ya había advertido sobre la injerencia de Cuba, Rusia, Venezuela e Irán en Bolivia y denunció que el canciller Fernando Aramayo se negaba a entregar un informe sobre las actividades de sus diplomáticos en el país.

Los antecedentes de presencia cubana en Bolivia incluyen la detención en 2019 de cuatro funcionarios de La Habana acusados de financiar protestas a favor de Morales, y la salida de 725 colaboradores cubanos en medio de acusaciones de espionaje que Cuba rechazó.

Zegarra pidió además la llegada de una comisión internacional para investigar el caso Cerimedo y presuntos actos de corrupción en el Ejecutivo boliviano. Sus afirmaciones sobre el G-2 y el supuesto golpe de octubre corresponden a denuncias políticas que, hasta el momento, no han sido respaldadas con pruebas públicas verificables.