El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reunió este martes a representantes del sector privado cubano en un encuentro en el que prometió mayor diálogo, pero también lanzó una advertencia sobre precios, evasión fiscal, pagos electrónicos y otras prácticas que el régimen considera ilegales.

«Este sector no puede convertirse en espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de especulación, de corrupción, de acaparamiento, de fijación de precios desconectados de las realidades», afirmó el gobernante, según el sitio oficial de la Presidencia cubana.

Al encuentro asistieron empresarios de sectores como alimentación, agricultura, energía, transporte y asesoramiento jurídico. El gobierno lo presentó como el inicio de un diálogo permanente con los actores económicos estatales y no estatales, en medio de la implementación de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas el pasado mes de junio.

Díaz-Canel estuvo acompañado por varios altos funcionarios del Partido Comunista y del gobierno, entre ellos el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda. También estuvieron Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro; Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del departamento económico del Comité Central; y Lázara Mercedes López Acea, en su rol de presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales.

«Ofensiva» contra negocios que no aceptan transferencias

Uno de los asuntos que provocó una advertencia más directa fue la negativa de numerosos negocios privados a aceptar pagos mediante transferencias electrónicas.

Díaz-Canel calificó esa práctica de «nociva» y anunció una «ofensiva hasta su total solución».

La advertencia llega precisamente cuando las autoridades han intensificado las inspecciones y sanciones contra el sector privado.

En Centro Habana fueron fiscalizados 232 negocios en una sola jornada, con 15 cierres definitivos y más de 360 multas. En Las Tunas, otra ofensiva terminó con 22 establecimientos cerrados, ocho licencias retiradas y multas superiores a 1,2 millones de pesos.

Pese al endurecimiento de los controles, Díaz-Canel defendió la necesidad de mantener abiertos los canales con los empresarios.

«Si no hay diálogo sistemático, no podemos saber qué estamos pensando y cómo vamos construyendo con consenso», aseguró.

También pidió que el éxito de los proyectos no se mida únicamente por el dinero que generan, sino por su impacto «en la mesa de una familia, al empleo de un joven» y en el desarrollo de los municipios.

Los empresarios, por su parte, reconocieron que continúan enfrentándose a «prejuicios y trabas» en niveles intermedios de la administración. Durante la reunión expusieron proyectos empresariales y comunitarios y plantearon, entre otras prioridades, la necesidad de avanzar hacia fuentes alternativas de energía.

Una apertura que el propio Díaz-Canel llama «concesión»

La reunión se produjo apenas un día después de que Díaz-Canel reconociera en una entrevista con el diario brasileño Folha de S.Paulo que la expansión del sector privado no constituye «un ideal del socialismo», sino una «concesión» dentro de un período de tránsito.

Al mismo tiempo, negó que las reformas representen un giro de Cuba hacia el capitalismo.

La contradicción marca buena parte de la política económica actual: mientras las 176 medidas aprobadas en junio eliminan el límite de 100 trabajadores para las mipymes, contemplan la banca privada y abren posibilidades de inversión extranjera para actores no estatales, el gobierno aumenta simultáneamente las inspecciones, multas y cierres sobre esos mismos negocios.

Díaz-Canel cerró la reunión defendiendo que las transformaciones económicas deben realizarse con participación de todos y orientadas, según dijo, «hacia el bienestar del pueblo y el desarrollo del país».

El encuentro vuelve a mostrar el difícil equilibrio que intenta mantener La Habana: necesita al sector privado para sostener una economía en crisis, pero insiste en mantenerlo bajo una estrecha supervisión estatal.