El presidente del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, el cubanoamericano Mario Díaz-Balart, presentó este martes un proyecto de ley de apropiaciones para el Año Fiscal 2027, que destina importantes sumas a apoyar “transiciones democráticas” en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Medidas específicas contra el régimen cubano

El proyecto mantiene una disposición clave que prohíbe toda asistencia a quien apoye, financie o facilite las operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o el Ministerio del Interior. Esta medida busca impedir que fondos estadounidenses terminen beneficiando al aparato militar cubano.

La propuesta incluye $35 millones como mínimo para promover la democracia y fortalecer la sociedad civil en Cuba, incluyendo apoyo a presos políticos y contiene una prohibición estricta para que ningún fondo puede usarse para promoción de negocios, reforma económica, emprendimiento o cualquier actividad que no sea “construcción de democracia”, según establece la Ley LIBERTAD y la Ley de Democracia Cubana.

El documento H.R. 8595 menciona la prohibición de fondos para cualquier persona o entidad que haga transacciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el Ministerio del Interior de Cuba, que apoye las operaciones, ingresos o actividades internacionales del ejército o la inteligencia cubana.

Por otra parte, se mantiene a empresas cubanas en la lista de entidades restringidas y se prohíbe facilitar transacciones con entidades militares, de inteligencia, altos funcionarios del Partido Comunista o sus familias.

El H.R. 8595 incluye financiamiento a los fondos para Radiodifusión y Comunicaciones hacia Cuba, en el que se destinan $5 millones adicionales para programación producida sobre Cuba por la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB).

La agencia federal que opera Radio y Televisión Martí tiene asignados en esa propuesta $35 millones de dólares, específicamente para que el Director de OCB mantenga las operaciones de radio, internet y televisión dirigidas a Cuba.

El texto exige mantener el nivel de transmisión de onda media y corta para llegar a todas las provincias de Cuba con programación diaria.

El proyecto de asignación de fondos toma en cuenta la prohibición general de asistencia al gobierno de Cuba, junto a Corea del Norte e Irán y mantiene a la isla en la lista de países que requieren notificación especial del Congreso antes de darles cualquier asistencia.

El documento incluye la exigencia de un reporte sobre países que pagan al gobierno cubano por los servicios de médicos cubanos, considerados por el gobierno estadounidense y organismos internacionales como esquemas de trabajo forzado y tráfico humano.

El proyecto de ley incluye la recompensa por información sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Grandes recortes

Al presentar la propuesta, Díaz–Balart resaltó que, bajo el liderazgo del presidente del Comité de Apropiaciones, Tom Cole, el subcomité ha logrado recortes responsables por casi 12.000 millones de dólares desde 2023.

El nuevo proyecto propone una reducción adicional de 2.700 millones de dólares respecto al nivel aprobado anteriormente.

“Algunos dicen que estos recortes ponen en peligro el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Yo discrepo totalmente. Es exactamente lo contrario”, afirmó Díaz-Balart.

El legislador subrayó que el proyecto beneficia claramente a los aliados de Estados Unidos y castiga a sus adversarios.

Entre las propuestas están mantener 1.800 millones de dólares para socios en el Indo-Pacífico, incluyendo 500 millones en asistencia militar a Taiwán; otorgar 3.300 millones de dólares en asistencia de seguridad a Israel, fortalecer la relación con países del Hemisferio Occidental como Paraguay, Argentina y Costa Rica; y aumentar los fondos para combatir el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

El documento incluye la prohibición de fondos a la República Popular China y al Partido Comunista Chino, y bloquea el uso de ayuda estadounidense para que otros países paguen deudas a China.

Además, retiene fondos a México hasta que cumpla con la entrega de agua acordada con Estados Unidos y reduce drásticamente los aportes a la ONU al recortar 1.800 millones de dólares en financiamiento y elimina fondos para la OMS, UNRWA, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y otros organismos.