El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, lanzó este viernes una advertencia directa a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: quienes hayan intentado votar ilegalmente —o hacerlo en nombre de otra persona— serán identificados y procesados penalmente, sin excepciones.

En videos difundidos por la Casa Blanca y el DHS en redes sociales, Mullin anunció que el gobierno federal ya identificó 256,463 no ciudadanos potencialmente registrados para votar en cuatro estados: California (190,832), Nueva Jersey (35,152), Nevada (15,903) y Pensilvania (14,576).

Ese mismo día envió cartas oficiales a los secretarios de Estado de esos cuatro estados exigiendo la verificación y eliminación de registros no elegibles en un plazo de dos semanas.

«Hemos identificado 250,000 no ciudadanos registrados para votar en solo cuatro estados. Tenemos 46 estados más», advirtió Mullin, subrayando que la cifra podría crecer significativamente a medida que avance la revisión nacional.

Además de los registros en esos cuatro estados —obtenidos a través de archivos públicos de votantes, sin acceso directo a bases de datos estatales—, el DHS trabajó con estados que sí cooperan con el gobierno federal para detectar 28,000 no ciudadanos adicionales en sus padrones.

A eso se suman 400,000 personas fallecidas que permanecen registradas para votar.

Mullin fue enfático al aclarar que el sistema de Real ID no acredita ciudadanía ni otorga derecho al sufragio: «Debe ser ciudadano estadounidense y debe ser elegible para votar».

El secretario anunció que el gobierno revisará los registros electorales antes y después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026, incluyendo el voto anticipado, y que en los estados que no colaboren con las autoridades federales se recurrirá igualmente a los registros públicos disponibles.

Las consecuencias penales son severas. Según Mullin, el registro ilegal y el voto ilegal combinados pueden acarrear hasta cinco años de prisión y hasta $250,000 en multas. «Aplicaremos la máxima presión en esto», afirmó.

El funcionario enmarcó la iniciativa como una cuestión de confianza ciudadana, no de filiación política: «Todo estadounidense, independientemente de su afiliación política, necesita saber que cuando participa en nuestra democracia votando, su voto será seguro y contado correctamente. Cualquier otra cosa es inaceptable».

La SAVE America Act, impulsada por Trump para exigir prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales, fue aprobada por la Cámara de Representantes en febrero de 2026, pero permanece estancada en el Senado.

Esta ofensiva se enmarca en la campaña de la administración Trump para reforzar la seguridad electoral antes de noviembre de 2026.

El programa SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) del DHS ya procesó 67 millones de registros de votantes entre marzo y mayo de este año.

No obstante, un fallo judicial federal del 23 de junio bloqueó temporalmente el uso de esa base de datos para purgar padrones estatales, tras detectarse falsos positivos que afectaban a ciudadanos naturalizados, en particular latinos.

La advertencia tiene implicaciones directas para cubanos y otros inmigrantes con estatus migratorio irregular. Una cubana con orden de deportación desde 1999 fue sentenciada en enero de este año a cinco años de prisión en Arkansas por votar ilegalmente en las elecciones de noviembre de 2024.

Un cubano con residencia permanente revocada se declaró culpable en Florida y fue sentenciado en febrero de 2026 por el mismo delito.