Un grupo de 17 pescadores ecuatorianos presentó una demanda ante una corte federal de Pensilvania contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, por el ataque con drones militares contra su embarcación, seguido de su secuestro y tortura en alta mar. Según el recurso judicial, los demandantes exigen compensaciones por daños y solicitan que el tribunal ordene el cese inmediato de estas ofensivas en el Caribe y el Pacífico.
La acción legal responsabiliza a la Administración Trump de provocar intencionalmente angustia emocional, agresión, lesiones, detención ilegal y la destrucción de los bienes de la tripulación, porque los pescadores atacados no representaban ninguna amenaza en alta mar ni pertenecen a ningún grupo delictivo. El abogado de los afectados, Daniel M. Kovalik, afirmó que ninguno de los trabajadores mantenía vínculos con grupos narcotraficantes ni terroristas.
«El violento ataque (…) contra los demandantes y su embarcación, cuando se encontraban en una situación vulnerable en alta mar y no representaban ninguna amenaza para EE.UU. ni para su personal, fue extremo e indignante, sobrepasó todos los límites posibles de la decencia y debe considerarse absolutamente intolerable en un mundo civilizado”, sostuvo Kovalik en el documento judicial.
Cronología del ataque y el cautiverio
Los hechos se remontan al 17 de marzo, cuando el pesquero Negra Francisca Duarte II retornaba hacia el puerto de Manta tras dos semanas de faena frente a las islas Galápagos. Antes de la agresión estadounidense, la Armada de Ecuador había interceptado e inspeccionado la nave durante unas tres horas, autorizando luego la continuación de su trayecto.
Posteriormente, la embarcación recibió el impacto de “dos drones armados” que arrojaron “bombas”, desatando un incendio a bordo. El bombardeo dejó con quemaduras graves en piernas, brazos y espalda a los tripulantes Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay.
Para salvar sus vidas, los trabajadores «saltaron al mar» y nadaron hacia pequeños botes de emergencia hasta alcanzar un «barco azul» que divisaron en el horizonte. A bordo de esa nave se encontraron con personal armado que «hablaban inglés»; varios portaban uniformes de camuflaje con la bandera estadounidense y otros vestían chalecos salvavidas identificados como ‘US Coast Guard’ (Guardia Costera de EE. UU.).
Mientras Jordy Flores recibía asistencia médica, el resto de la tripulación fue maniatada y encapuchada con bolsas negras. Luego, los 17 ecuatorianos fueron trasladados a El Salvador, país donde permanecieron recluidos hasta finales de marzo.
El escrito judicial recalca que los demandantes «perdieron su fuente de ingresos como consecuencia de la destrucción» de su herramienta de trabajo y «atraviesan una grave situación económica. Todos sufren además un trauma psicológico severo a causa del ataque y el secuestro».
Ofensiva militar y cuestionamientos legales
El ataque contra el Negra Francisca Duarte II se enmarca en la denominada Operación Lanza del Sur (Southern Spear), una campaña desplegada por Washington en el Pacífico y el Caribe bajo el argumento de combatir el «narcoterrorismo» y defender los intereses nacionales estadounidenses. De acuerdo con registros de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), estas incursiones han provocado al menos 227 muertes.
Aunque el Pentágono y el Comando Sur niegan su implicación en este incidente específico, la querella representa al menos la segunda acción judicial en tribunales estadounidenses tras una demanda similar interpuesta en octubre en Massachusetts por familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago fallecidos en un ataque con misil.
En aguas ecuatorianas, las fuerzas de EE. UU. ya han destruido 11 embarcaciones con la anuencia del Gobierno de Daniel Noboa, incluyendo el hundimiento del pesquero Por siempre don Carlos el pasado 16 de septiembre a 140 millas náuticas de Manta, hecho que dejó 25 tripulantes desaparecidos.
Organizaciones de derechos humanos y organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierten que estas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e incomunicaciones en buques militares como el USS San Antonio vulneran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José.
Tribunales de Ecuador han liberado a decenas de pescadores capturados en estas operaciones al comprobar la inexistencia de pruebas que los vinculen con bandas delictivas.
Militarización en Ecuador y crisis de seguridad
La creciente presencia de efectivos y contratistas estadounidenses en Ecuador ocurre en paralelo a la declaratoria reiterada de estados de excepción por parte de Noboa desde 2024 y al otorgamiento de inmunidad jurídica en agosto para personal y empresas vinculadas al Departamento de Guerra de Estados Unidos.
Pese al rechazo popular en las urnas para reinstalar bases militares extranjeras y a la destitución del comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar Machuca, tras cuestionar la presencia estadounidense en la base de Taura, el Ejecutivo mantiene bajo reserva la información sobre los ataques en el mar.
Estas políticas tampoco han frenado la violencia interna, los homicidios repuntaron 47% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo lapso de 2024, cerrando el año con unas 9.300 muertes violentas (52 por cada 100.000 habitantes).
A los índices de violencia en Ecuador se suman investigaciones periodísticas de medios como OCCRP, KRIK, Investigative Journalism Bureau y la revista RAYA, que documentaron la incautación de al menos ocho grandes cargamentos de cocaína entre 2020 y 2025 ocultos en contenedores de banano de la empresa familiar Noboa Trading con destino a Europa.



