La Fiscalía Provincial de Pinar del Río confirmó el viernes que tiene abiertas varias investigaciones por el delito de sabotaje que abarcan desde el robo masivo de combustible estatal y el hurto de componentes eléctricos hasta el caso insólito de un hombre que lanzó piedras contra una oficina pública por la falta de electricidad.

Todos los casos se tramitan bajo el artículo 125 de la Ley 151 de 2022 (Código Penal) y el Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, acordado en mayo de 2025, que unificó la práctica judicial para calificar como sabotaje, y no como hurto común, cualquier sustracción o daño a infraestructuras críticas, apuntó el periódico oficial Guerrillero.

Uno de los hechos más voluminosos involucra la sustracción de 4,000 litros de petróleo de la reserva estatal en la Empresa de Suministros Agropecuarios, en la carretera a San Juan y Martínez, donde los autores picaron el sello y rompieron el candado del tanque.

En la central eléctrica del reparto Capó (Briones Montoto), un trabajador de grupos electrógenos aprovechó su turno nocturno para extraer 300 litros de diésel, que distribuyó en tanques plásticos de 20 litros y pasó por encima de la cerca a tres cómplices. Los cuatro están en prisión provisional.

Otro caso involucra el robo de 40 litros de petróleo del grupo electrógeno de respaldo del Centro Telefónico de Herradura, perteneciente a la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa), vendidos en 80,000 pesos. Tanto el vendedor como el comprador se encuentran detenidos.

En San Juan y Martínez, un imputado sustrajo la varilla a tierra de un transformador eléctrico en la loma de Timbo y la vendió en 5,000 pesos. La varilla cumple la función de estabilizar la tensión del sistema y evitar bajos voltajes. El comprador también enfrenta cargos.

En la Empresa de Prefabricado de Siete Matas, un ciudadano trepó por la puerta de hierro de la carpintería y se llevó los cables del sistema de instalación destinados a construir las bases para paneles de un parque solar. El comprador y el vendedor están en prisión provisional.

Hay además un caso de juicio oral pendiente en el tribunal contra un trabajador del parque solar La Barbarita que sustrajo los tornillos que aseguran los paneles al banco.

El caso más llamativo por su naturaleza es el de un hombre que, enfurecido por los apagones, se presentó en las oficinas de Correo de Cuba en la Alameda y les cayó a piedras al frente del inmueble. El régimen lo procesa también por sabotaje, destacó la fuente.

El Dictamen 475 establece que «responde por este delito el comisor que ejecuta los actos descritos de forma intencional (dolo directo), o aquel que lo realice a sabiendas que puede producir este resultado (dolo eventual)».

Las penas previstas van de siete a 15 años de privación de libertad en los casos base. El artículo 126 del Código Penal eleva la sanción a entre 10 y 30 años, privación perpetua o muerte cuando se producen consecuencias graves.

En Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, seis robos de combustible en entidades estatales están bajo investigación.

En Santiago de Cuba, un hombre murió electrocutado al intentar robar aceite dieléctrico de transformadores, y un trabajador hospitalario fue condenado a 12 años por robar más de 5,700 litros de diésel y contaminar generadores que dejaron sin electricidad a pacientes con ventilación mecánica.

El trasfondo de esta ola de robos es la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas. El precio del diésel en el mercado informal ha llegado a entre 3,500 y 8,000 pesos por litro, lo que convierte el desvío de combustible estatal en un negocio sumamente lucrativo.

El endurecimiento de las penas por sabotaje eléctrico no ha frenado los delitos, pues entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el 100 % de los juzgados por estas causas recibieron condenas superiores a 10 años de prisión.