Una citación oficial de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) amenazaba con una multa de 15,000 pesos cubanos a un vecino de San Antonio de los Baños, Artemisa, que había cerrado su panadería-dulcería hace más de un año y tramitado la baja correspondiente. El caso, denunciado en Facebook por Osmany González Álvarez, terminó resolviéndose tras una revisión conjunta que reveló una inconsistencia en el sistema informático de la institución.

González Álvarez relató que, después de cerrar el negocio, solicitó la baja ante el Ministerio de Trabajo y que, desde entonces, tuvo que acudir seis veces a la ONAT y dos al Ministerio de Trabajo, además de recibir dos visitas de inspectores en su domicilio.

Pese a todas esas gestiones, la ONAT de San Antonio de los Baños le remitió una citación oficial firmada por su directora, María C. Fernández Glez, que fijaba comparecencia para el 27 de octubre y advertía que la incomparecencia podría acarrear una sanción de $15,000.00, amparada en el Decreto 308, Capítulo VIII del Régimen Sancionador, Artículo 119, inciso k.

«Después de eso he tenido que ir seis veces a la ONAT y dos veces al Ministerio de Trabajo, los inspectores me han visitado en dos ocasiones y ahora me vuelven a citar», escribió el afectado, quien preguntó con indignación: «¿A quién multamos por el mal trabajo que realizan ellos? ¿Quién paga mi tiempo?».

La multa era una advertencia por incomparecencia, no una sanción ya impuesta ni cobrada.

Este martes, González Álvarez publicó una actualización en la que informó que el asunto quedó aclarado tras reunirse con las directoras de ambas instituciones. «Revisaron todos los papeles, estaban los registros correspondientes en los libros. Existía una inconsistencia en el sistema y todo corrió por buenos cauces», explicó.

«Ambas me atendieron como se atiende a un ser humano», señaló, aunque reconoció que conseguir una reunión con un directivo en Cuba es, en sus propias palabras, una rareza.

González Álvarez cerró su publicación con un consejo para otros cubanos que enfrenten trámites similares: «Siempre guardar todos los papeles que a usted le den y el que no le den pida tirarle una foto. No se desvinculen del proceso que llevan y pregunten, que preguntar no cuesta nada».

El caso ilustra un problema que la propia ONAT ha reconocido: cuando la comunicación digital de la baja entre la oficina de trámites y la Administración Tributaria falla o no se actualiza, el contribuyente puede permanecer activo en la base de datos y acumular obligaciones fiscales, aunque sus registros físicos estén en regla.

En los comentarios de la publicación, varios cubanos relataron situaciones parecidas. Un ciudadano de Palmira, Cienfuegos, describió haber recibido una amenaza de multa de 40,000 pesos cinco años después de cerrar su negocio, y haber terminado pagando para resolver el problema. Otro comentarista relató que su hijo solicitó la baja, emigró, y tres años después fue citado para explicar por qué no había pagado impuestos.

El contexto de fiscalización a trabajadores por cuenta propia se ha intensificado en Cuba. El régimen advirtió en octubre que podría embargar cuentas bancarias por deudas tributarias, y en el IV Ejercicio Nacional de Control Fiscal de febrero de 2026 se registraron 249 millones de pesos en deudas determinadas y 174 multas por más de seis millones de pesos.