El Gobierno publicó este jueves un grupo de normas para modificar el reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera de 2014. La mayor parte de las modificaciones son de tipo técnico y afectan a los plazos y formalización de documentos, con el fin de "dinamizar los procesos de evaluación, aprobación y operación de las modalidades de inversión extranjera". El decreto 153/2026 modifica el procedimiento para la presentación de oportunidades de inversión extranjera y actualiza las normas para la promoción de la inversión extranjera. También establece nuevos requisitos para la presentación de propuestas de negocios con inversión extranjera, regula los convenios de asociación para la creación de empresas mixtas, y establece plazos para la evaluación y aprobación de las solicitudes de inversión extranjera. La norma, firmada por el primer ministro Manuel Marrero, elimina algunos trámites intermedios al derogar artículos que regulaban pasos adicionales de consulta y documentación, lo que supondrá, en principio, menos burocracia y agilidad en el proceso. La norma elimina algunos trámites intermedios al derogar artículos que regulaban pasos adicionales de consulta y documentación, lo que supondrá, en principio, menos burocracia La normativa indica que las solicitudes admitidas por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se remiten en consulta a la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, que deben evaluarlas en un plazo de siete días hábiles. En el caso de que la Comisión pida adecuaciones, los solicitantes tendrán siete días naturales para incorporarlas y presentar la propuesta modificada. Las solicitudes están sujetas a la aprobación del Consejo de Estado, se presentan por el Mincex, a través del Consejo de Ministros, y la decisión denegando o autorizando las solicitudes se dictan dentro de un plazo de 60 días naturales. Otras decisiones como las de aumento o disminución de capital sin cambio en la participación accionaria se determinan en quince días hábiles y el fondo de estimulación se aprueba o deniega en siete días hábiles. Las propuestas de los interesados en establecer negocios deben incluir una solicitud de aprobación con aval del plan de negocios, estatutos sociales, plan de negocios, propuesta de directivos cubanos para los órganos de dirección, nomenclatura de productos de importación y exportación, y otro documento que requiera el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Los planes de negocios de los inversionistas extranjeros deben incluir entre otros documentos certificación del registro mercantil de su país de origen con no más de un año de emisión, avales bancarios vigentes, estados financieros del último ejercicio contable certificados por una entidad independiente; carta de patrocinio de la casa matriz si se trata de una filial o subsidiaria, y poderes de representación legalizados. En el caso de los inversionistas nacionales se exige un certificado del órgano de dirección o de gobierno del inversionista, una certificación que acredite la inscripción relativa a su constitución y su objeto social, así como estados financieros del último ejercicio contable. El Decreto 153 contempla la tercera modificación del reglamento desde su aprobación en 2014, tras los de 2018 y 2019, y se relaciona con el reciente paquete de reformas económicas El Decreto 153 contempla la tercera modificación del reglamento desde su aprobación en 2014, tras los de 2018 y 2019, y se relaciona con el reciente paquete de reformas económicas y sociales que reúnen 176 medidas con el fin de liberalizar y descentralizar la economía cubana. Este miércoles, en un análisis de la consultora Auge, que desde hace años se dedica a asesorar a los inversores extranjeros interesados en Cuba, afirmó que, de acuerdo con su experiencia, las anunciadas reformas suponen una buena oportunidad para quienes llevan años en la Isla. Sin embargo, aconseja que quienes aún no tienen negocios en Cuba esperen atentos a lo que suceda en los próximos meses, ya que hay incertidumbre en el panorama actual. “El contexto de sanciones reforzadas y crisis energética hace que la ecuación riesgo-retorno siga siendo desfavorable. Esperar a que el entorno mejore no es una mala estrategia; es una estrategia prudente”, avisa Auge.
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