La aprobación del nuevo marco jurídico para la industria del petróleo y el gas constituye una de las actualizaciones más importantes realizadas por Cuba en este sector en las últimas décadas. La medida, contenida en el Decreto-Ley 135 de Petróleo y Gas y su reglamento, busca modernizar la legislación vigente, incrementar la producción nacional de hidrocarburos y crear condiciones más favorables para atraer inversiones que contribuyan al desarrollo energético del país.
Según informó el Ministerio de Energía y Minas, la nueva normativa sustituye disposiciones legales que habían quedado desactualizadas y establece un marco regulatorio integral para todas las actividades vinculadas al petróleo y el gas, desde la exploración y explotación de yacimientos hasta la refinación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de estos recursos.
Entre las principales novedades destaca la ampliación de las modalidades contractuales para el desarrollo de proyectos petroleros. A los contratos de producción compartida se incorpora la concesión petrolera y se prevé la posibilidad de aplicar otras fórmulas contractuales cuando las características de una actividad así lo requieran. Asimismo, se flexibilizan los procedimientos de calificación de las empresas interesadas, con el propósito de brindar una mayor seguridad jurídica a los inversionistas.
La legislación también contempla la participación de actores económicos nacionales en determinadas actividades de la cadena de valor de la industria, siempre bajo los requisitos y regulaciones establecidos por el Estado. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es aprovechar todas las capacidades disponibles para impulsar el crecimiento de un sector considerado estratégico para la economía cubana.
Las autoridades señalaron que esta actualización legal pretende contribuir al incremento progresivo de la producción de petróleo crudo y gas natural, elevar las reservas disponibles y satisfacer en mayor medida la demanda nacional de combustibles y derivados. La medida forma parte de los esfuerzos del país por fortalecer su seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos en un escenario marcado por importantes desafíos para el sector energético nacional.
