El gobierno de Cuba rechazó este miércoles la orden de arresto emitida por la justicia del estado de Florida contra el expresidente y líder revolucionario Raúl Castro, calificando la medida como un “acto infame” desprovisto de validez legal, ética o práctica.
En una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que la acción judicial —motivada por el derribo en 1996 de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate— forma parte de la estrategia de “máxima presión” y asfixia económica impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
No obstante, el diplomático manifestó que la postura de Washington hacia La Habana “tendrá que cambiar”, confiando en la capacidad de resistencia de la población cubana y en el rechazo de la comunidad internacional a las sanciones.
La orden judicial contra Castro, de 95 años, fue emitida tras la reapertura de las investigaciones promovidas por la fiscalía de Florida, sumándose a la acusación formal presentada en mayo por la justicia federal estadounidense.
El cruce de declaraciones se produce en un contexto de agudización de la crisis diplomática entre ambos países, marcada por el bloqueo petrolero y las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos desde principios de año.
“Es un acto infame que no tiene ningún valor legal ni ético ni práctico. Las acciones de la Administración Trump están dirigidas a incrementar la asfixia del pueblo isleño, pero en algún momento la política de EE UU contra Cuba tendrá que cambiar, sea con este gobierno o con el siguiente”, declaró el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
La escalada en el plano judicial profundiza el distanciamiento entre Washington y La Habana, afectando los intercambios comerciales y la operatividad de empresas extranjeras en territorio cubano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anticipó que mantendrá sus denuncias ante organismos multilaterales para repudiar la aplicación extraterritorial de medidas punitivas contra exfuncionarios y entes estatales.
