En la provincia de Camagüey el control sobre los nuevos actores económicos es una asignatura pendiente. Aunque las autoridades mantienen un seguimiento al tema, la población sufre en el bolsillo las consecuencias de los altos precios y la negativa a aceptar pagos en línea.
Lo más preocupante no es la persistencia de esas violaciones, sino la normalidad con la que los responsables incumplen, sin temor a enfrentar las consecuencias de sus actos.
En el país se realizan ejercicios de inspección de forma sistemática, con el objetivo de controlar los precios especulativos a productos de primera necesidad, como alimentos y aseo, pero ¿cómo se traducen esas acciones en un cambio positivo y real para los trabajadores, pensionados y jubilados?
Al cierre del mes de mayo más de 200 puntos de venta de la provincia recibieron ese tipo de acciones, en los que se revisaron la confección de fichas de costo, facturas, la calidad y precios de los productos y el empleo de pasarelas de pago.
Como resultado se cerraron establecimientos y se conminó a los dueños a depositar efectivo por incumplimiento de la Resolución No.111, lo que permitió recaudar alrededor de cinco millones de pesos.
Pero el centro del asunto no puede ser el número de visitas o equipos de trabajo desplegados, sino en la lógica con que se ejecutan las acciones de control.
Cuando la propia Dirección de Finanzas y Precios admite que hay desconocimiento en cómo conformar los precios, queda claro que las fallas están no solo en la persecución de las indisciplinas e ilegalidades, sino también en la orientación y capacitación.
Se controla al que especula pero no se le enseña a ser sostenible, se le exige legalidad pero no se brindan las herramientas prácticas para lograrlo en un contexto de escasez y distorsiones macroeconómicas. El intercambio con los actores económicos queda entonces como un eslogan, si no trasciende la mesa del diálogo para concretarse en soluciones.
Queda claro que el ciudadano de a pie necesita saber por qué el aceite o los productos cárnicos y de aseo no son constantes en su comercialización, con precios asequibles a los salarios de las familias.
Arreciar las labores es necesario, pero no suficiente. Hace falta un cambio de enfoque, pasar de la fiscalización a la inteligencia económica colaborativa.
Si los nuevos actores de la economía no se integran como aliados en la estabilización de las prestaciones con incentivos, financiamiento y capacitación real estaremos atrapados entre la letra fría y el calor abrasador de la ilegalidad cotidiana.
Estos son tiempos de actuar, desde todas las esferas y en consecuencia con las medidas aprobadas por el país, para que Camagüey avance y los beneficios se reviertan en la economía, los hogares y la mesa de quienes más lo necesitan. (Texto: Frank Fernández García/Radio Vertientes)
