La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, aseguró que el «camarada Raúl Castro es un dirigente revolucionario cubano venerado y ampliamente respetado en el ámbito internacional».
Señaló que Beijing tomó nota de las respuestas del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y del canciller Bruno Rodríguez, quienes calificaron la medida de «patético circo».
China se opone al uso abusivo de medidas judiciales para ejercer presión sobre Cuba y respalda firmemente al país caribeño en la defensa de su soberanía nacional y el rechazo a las injerencias externas, afirmó Mao.
Asimismo, instó a Washington a poner fin de inmediato al bloqueo y a cualquier otra forma de coerción y presión contra la isla, así como a dejar de vulnerar el derecho del pueblo cubano a vivir y desarrollarse.
Las declaraciones emergieron después que una jueza de Miami emitiera una nueva orden de arresto relacionada con el caso del derribo, en febrero de 1996, de dos aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate.
Anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, la medida se suma a procedimientos impulsados anteriormente en Estados Unidos contra el líder histórico cubano y otros ciudadanos de la isla por esos acontecimientos.
Cuba rechazó en mayo pasado la acusación federal vinculada al mismo caso y denunció entonces que Washington carece de jurisdicción y legitimidad para procesar hechos relacionados con la defensa de la soberanía nacional.
La posición oficial de La Habana sostiene que las aeronaves involucradas violaron reiteradamente el espacio aéreo cubano y recuerda que las autoridades del país trasladaron durante años denuncias sobre esas incursiones ante organismos estadounidenses y la Organización de Aviación Civil Internacional.
De acuerdo con las autoridades cubanas, la actuación de la isla estuvo amparada por el derecho a la legítima defensa, la protección de la soberanía aérea y los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Chicago de 1944.
El Gobierno cubano ha denunciado que este tipo de acciones forman parte de la política de hostilidad mantenida por Washington contra la nación caribeña y de los intentos por legitimar la continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero vigente desde hace más de seis décadas.
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