Hay momentos en la historia de los pueblos en que la continuidad no puede confundirse con quietud. Momentos en que defender una obra colectiva exige revisar sus métodos, desmontar sus rigideces, corregir sus errores y atreverse a abrir caminos nuevos sin renunciar a los principios que le dieron origen. Cuba parece estar entrando en uno de esos momentos. No se trata de una coyuntura ordinaria, ni de un ajuste administrativo más dentro de la larga lista de medidas económicas anunciadas en los últimos años. Lo que se ha puesto sobre la mesa con el paquete de 176 medidas económicas y sociales constituye, por su alcance y por el contexto en que surge, una de las apuestas sin precedentes más importantes de las últimas décadas.
El país llega a esta discusión atravesado por una crisis profunda. Por una crisis económica en el sentido más amplio del término: de expectativas, de confianza, de capacidad institucional para movilizar energías sociales y de credibilidad en que el sacrificio tenga un horizonte tangible. Pero, principalmente, estas medidas no se toman en condiciones normales; llegan en medio de una de las presiones más agresivas del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, marcada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la persecución de operaciones internacionales, el bloqueo energético y una política sostenida de asfixia que busca cerrar los márgenes de maniobra del país. Por eso, frente a una estrategia diseñada para rendir a la nación por cansancio, escasez y desesperanza, Cuba está obligada a crear sus propias posibilidades, reorganizar sus fuerzas internas y transformar todo aquello que limite su capacidad de resistir, producir y avanzar.
Las medidas anunciadas apuntan a cuestiones esenciales para el futuro económico de Cuba y revelan la necesidad de una transformación profunda, no de simples ajustes. La empresa estatal socialista vuelve al centro del debate, pero con la exigencia de actuar con mayor autonomía, eficiencia y responsabilidad. Al mismo tiempo, se reconoce el peso real de los actores económicos no estatales —mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia—, que ya forman parte de la economía nacional y pero que deben integrarse bajo reglas claras, con responsabilidad fiscal, laboral y social, sin negarlos ni idealizarlos. El mercado puede dinamizar la economía, pero también puede ampliar desigualdades; de ahí la necesidad de regularlo y proteger a quienes quedan en desventaja.
Las medidas anunciadas apuntan a cuestiones esenciales para el futuro económico de Cuba y revelan la necesidad de una transformación profunda, no de simples ajustes.
Las medidas también van enfocadas a abrir espacios a la inversión extranjera y al capital de cubanos dentro y fuera del país, pero es importante que ello se concrete sin quebrantar la soberanía, y que se haga con transparencia e inteligencia. Sin embargo, ninguna transformación será sostenible sin una reforma bancaria, financiera y cambiaria que enfrente la inflación, las distorsiones monetarias y la pérdida de poder adquisitivo. A ello se suman la agricultura y la energía como sectores estratégicos: producir alimentos, impulsar las energías renovables, reducir la burocracia y modernizar las infraestructuras como condiciones indispensables para recuperar productividad, bienestar y confianza social.
Pero el punto más delicado de cualquier reforma de este tipo es la protección social. Desmontar subsidios universales o trasladar determinados costos al consumidor puede ser económicamente defendible en ciertos casos, pero socialmente explosivo si no se acompaña de mecanismos efectivos, rápidos y justos para proteger a los vulnerables. La justicia socialista no consiste en subsidiarlo todo de manera ciega, incluso a quienes no lo necesitan. Pero tampoco puede consistir en dejar al individuo solo frente al mercado. El tránsito de subsidios generalizados a apoyos focalizados solo será legítimo si el Estado demuestra capacidad para identificar, acompañar y sostener a los más vulnerables: pensionados, familias con escasos recursos, personas con discapacidad, madres solas, los trabajadores con los más bajos ingresos, comunidades periféricas y sectores precarizados.
Pero una reforma económica sin reforma de los métodos de control puede quedarse corta, deformarse o ser capturada por burocracias y nuevos grupos de interés. Si se abren espacios al capital privado, a la inversión extranjera y a formas más flexibles de gestión, también deben abrirse espacios reales de transparencia, participación y control social. Sin control popular, la reforma puede multiplicar corrupción, favoritismos, desigualdades y simulaciones.
El tránsito de subsidios generalizados a apoyos focalizados solo será legítimo si el Estado demuestra capacidad para identificar, acompañar y sostener a los más vulnerables: pensionados, familias con escasos recursos, personas con discapacidad, madres solas, los trabajadores con los más bajos ingresos, comunidades periféricas y sectores precarizados.
También hay que reconocer que estas transformaciones llegan tarde. Llegan después de años de advertencias, de economistas desoídos, de burocracias paralizantes, de errores costosos y de decisiones que profundizaron desequilibrios. Pero llegar tarde no significa que ya no valga la pena. Y precisamente por eso, si este es el camino elegido, debe avanzarse con audacia, rapidez y seriedad. La peor combinación sería anunciar reformas profundas y luego dejarlas atrapadas en permisos, miedos, reglamentos contradictorios y resistencias administrativas.
El desafío histórico consiste en lograr que la reforma no sea vivida como abandono, sino más bien como reconstrucción. Que no signifique “sálvese quien pueda”, sino “produzcamos, participemos y cuidemos a quien más lo necesite”. Que no sea una restauración de privilegios, que sea más bien una actualización radical de la promesa socialista: una sociedad con justicia, soberanía y prosperidad. Cuba necesita riqueza, sí; pero riqueza con sentido nacional. Necesita eficiencia, sí; pero eficiencia al servicio de la vida. Necesita inversión, sí; pero inversión subordinada al desarrollo del país. Necesita mercado, sí; pero nunca como sustituto de la política revolucionaria.
Estas medidas abren una puerta. No garantizan por sí solas el futuro. Pueden ser una oportunidad histórica o pueden frustrarse si caen en la lentitud, la improvisación, la desigualdad descontrolada o la falta de participación popular. Pero el peor camino sería no intentarlo. En esta hora difícil, Cuba necesita audacia, pensamiento crítico, unidad consciente y pueblo protagonista. No un pueblo convocado solo para resistir, necesita a ese pueblo convocado para decidir, controlar, crear y transformar.
Y por supuesto, que nadie dude que los cambios no se harán para complacer al gobierno de los EE. UU.; no necesitamos su visto bueno. Somos un país soberano y no seguiremos recetas ni recomendaciones de nadie.
Fundación Robert A. Paneque
