El régimen cubano autorizó este jueves la venta ambulante de productos —incluyendo café, cigarrillos y artículos de segunda mano— como parte de un amplio paquete de transformaciones económicas aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante los diputados un documento con 176 propuestas de transformaciones agrupadas en 23 ejes fundamentales, descritas por el propio gobierno como las más amplias desde las reformas del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011.

La sesión contó con la participación telemática del general de Ejército Raúl Castro, quien respaldó las reformas, y con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel en la sala.

La autorización de la venta ambulante formaliza una práctica que existía de manera informal y que ha sido una válvula de escape para miles de cubanos, en particular personas mayores con pensiones mínimas.

El recorrido de esta actividad ha sido errático: en 2017 el gobierno eliminó la licencia de «carretillero» y suspendió la entrega de nuevas licencias para varias modalidades del trabajo por cuenta propia.

En 2020, la Resolución 13 reincorporó formalmente el cargo de «vendedor ambulante de mercancías» al sistema laboral, pero con restricciones. Más recientemente, el Decreto-Ley 91/2024 estableció multas de hasta 72,000 pesos para quienes vendieran sin licencia.

Más allá de la venta ambulante, el paquete aprobado incluye otras medidas de calado: la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes privadas, la autorización para que cubanos residentes en el exterior inviertan en igualdad de condiciones mediante el Decreto-Ley 117/2026, y la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21.

También se aprobó que los municipios puedan importar, exportar y gestionar divisas sin intermediarios estatales, y se eliminó la escala salarial en el sistema empresarial estatal, fijándose en su lugar un salario mínimo vinculado a los niveles de inflación.

Marrero Cruz contextualizó las reformas como una respuesta a «el contexto más complejo que enfrenta el país desde el Período Especial», atribuyendo la crisis a las sanciones estadounidenses que han interrumpido el suministro de combustible y las fuentes de ingreso en divisas, aunque reconoció también errores e insuficiencias propias del gobierno.

El primer ministro presentó las transformaciones bajo el principio rector de «hacer lo necesario para conservar lo esencial», y subrayó que «no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país».

Sin embargo, según un análisis de Diario Las Américas, expertos califican las reformas como «parciales», «incrementales» e «insuficientes», y las describen como una «readaptación táctica» que no libera el poder del sistema.

De las 390 propuestas recibidas durante el proceso de consulta, el régimen aceptó el 66,7%, e incorporó además 69 recomendaciones del Buró Político para conformar el documento final presentado ante la ANPP.