La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles la derogación de la Ley 183, promulgada el 18 de diciembre de 2025, que planteaba una reducción excepcional del periodo de mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular de cinco a cuatro años; esta medida tenía como objetivo ajustar los cronogramas electorales derivados de cambios constitucionales previos.
Durante la sesión, el diputado José Luis Toledo Santander explicó que la decisión responde a la compleja situación económica y social que atraviesa el país, la cual aconseja no realizar en estos momentos un proceso electoral y concentrar los esfuerzos y recursos en otros procesos vitales para la defensa y sostenimiento de la Revolución; además, aclaró que mantener el mandato constitucional de cinco años permitirá al país desarrollar con mayor estabilidad sus prioridades actuales.
La Ley 183 había sido aprobada inicialmente para establecer un margen adecuado entre las elecciones de delegados municipales y las elecciones generales, debido a que la Constitución extendió a cinco años el mandato de los delegados y diputados; esta separación facilitaba que las asambleas municipales participaran en la nominación de candidatos a diputados, complemento esencial dentro del proceso electoral cubano.
No obstante, el diputado precisó que la reducción excepcional del mandato no pudo aplicarse en el momento previsto, pues la pandemia de la COVID-19 generó un impacto considerable que modificó las condiciones para organizar estos procesos electorales.
Además, Toledo Santander anunció que, con la derogación de la Ley 183, se mantendrá el periodo constitucional de cinco años para los delegados municipales actualmente en funciones, y que el calendario electoral volverá a su curso habitual con la celebración de las elecciones generales de delegados y diputados previstas para el próximo año. Esta medida busca garantizar la estabilidad institucional en tiempos desafiantes.
Por último, el diputado explicó el procedimiento legislativo detrás de esta decisión, resaltando que, al tratarse de una norma vinculada a derechos constitucionales —en específico, el derecho ciudadano a participar en la conformación del Estado—, su derogación debía realizarse mediante una ley. Asimismo, se contó con respaldo en la legislación vigente para asegurar la pertinencia de este acto legislativo conforme a los principios legales establecidos.
