La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó durante esta jornada la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, una normativa fundamental que redefine la estructura de los organismos del Estado para adecuarla a la Constitución vigente y responder a las transformaciones institucionales, económicas y sociales que atraviesa el país, dicha ley actualiza la organización establecida por el Decreto-Ley 147 de 1994.
El proyecto, presentado por José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, da cumplimiento al cronograma legislativo aprobado para el período 2026-2027 y responde al mandato constitucional que define legalmente el número, misión y funciones de los ministerios y demás organismos estatales; durante su intervención, destacó que aunque se han introducido perfeccionamientos, era indispensable una modernización estructural que simplifique y fortalezca el sistema.
Uno de los cambios más significativos es la reducción del número de organismos que integran la Administración Central del Estado, pasando de 27 a 21 entidades: veinte ministerios y el Banco Central de Cuba; en este sentido, la nueva ley elimina la categoría administrativa de instituto, integrando instituciones como el INDER, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto de Información y Comunicación Social dentro de las estructuras ministeriales correspondientes.
La reorganización incorpora la creación de nuevos ministerios mediante la fusión de organismos con competencias afines; entre ellos destacan el Ministerio de la Agricultura y Alimentación, resultado de la unión de los ministerios de Agricultura e Industria Alimentaria; el Ministerio de Economía y Finanzas, que centraliza la planificación estratégica, política fiscal y gestión de inversiones; y el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, unificando políticas comerciales nacionales e internacionales para fortalecer las cadenas de suministro.
Otra importante novedad es la creación del Ministerio de Industrias y Construcción, que integra sectores productivos relacionados para mejorar la eficiencia y la articulación, así como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, que conecta la formación profesional con la investigación científica y tecnológica; asimismo, se redefine el Ministerio de Educación para ampliar sus responsabilidades desde la primera infancia hasta el nivel medio superior.
Un cambio trascendental es la constitución del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, que concentra funciones distribuidas actualmente entre varias instituciones para una gestión más coherente. El proceso de elaboración de esta ley contó con una amplia consulta a organismos estatales, diputados y la ciudadanía, recibiendo 242 observaciones, de las cuales 139 fueron aceptadas total o parcialmente, garantizando un consenso amplio y respetuoso con el marco constitucional.
Con esta nueva ley, el Estado cubano apuesta por fortalecer la institucionalidad socialista, eliminar duplicidades administrativas, optimizar la ejecución y control de políticas públicas, reducir costos burocráticos, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y elevar la calidad y transparencia de los servicios al pueblo, adaptándose así a las demandas del escenario económico contemporáneo y la participación de diversos actores económicos.
