El régimen cubano continúa apostando por «Mi Barrio por la Patria», una estructura creada para reforzar la movilización y el llamado «control popular» en las comunidades, mientras los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) muestran crecientes dificultades para mantener la influencia que durante décadas tuvieron en los barrios.

El Consejo de Estado dedicó parte de su sesión ordinaria del miércoles a revisar el avance de la iniciativa, según informó el oficialista Canal Caribe.

La reunión estuvo encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCC), y contó con la participación del gobernante Miguel Díaz-Canel.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado, presentó un informe sobre la implementación del movimiento a partir de datos recopilados entre gobernadores, autoridades municipales y organizaciones de masas.

Lazo recurrió al habitual discurso oficial para describir el proyecto como expresión de «la participación popular y el movimiento de masas como esencias de la revolución».

Pero las propias intervenciones de los funcionarios dejaron ver que uno de los componentes centrales de la iniciativa es el control a nivel de barrio.

«Esta acción de control popular y el incentivo de la participación son elementos indisolublemente ligados al poder popular y a la esencia de nuestro sistema», afirmó Carlos Rafael Fuentes León, presidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular de la ANPP.

José Luis Toledo Santander, secretario de la ANPP, presentó además acciones destinadas a que las asambleas municipales refuercen «el control popular como complemento del control administrativo en la demarcación».

La insistencia en el «control» resulta especialmente significativa en un país donde durante décadas los CDR funcionaron no solo como organizaciones de movilización política, sino también como una extensa red de vigilancia vecinal al servicio del régimen.

Un nuevo mecanismo para controlar los barrios

«Mi Barrio por la Patria» funciona sobre tres ejes bautizados por las autoridades como Barrio Seguro, Barrio Productivo y Barrio Participativo, y pretende abarcar más de 12,000 circunscripciones en todo el país.

El movimiento comenzó a desplegarse en marzo y fue presentado formalmente el 8 de mayo en el Capitolio Nacional.

Aunque el gobierno lo promociona como un mecanismo de participación comunitaria, su estructura, lenguaje y objetivos reproducen varias de las funciones que históricamente desempeñaron los CDR.

Por ello, medios independientes y analistas lo han descrito como una especie de CDR reforzado, adaptado a un momento en que las viejas organizaciones de masas tienen cada vez más dificultades para movilizar a la población.

El desgaste de los CDR ya no es un problema que el propio aparato oficial pueda ocultar.

En abril de 2025, la organización reconoció públicamente un «déficit de cuadros». Meses después, su coordinador nacional, Gerardo Hernández, llamó a «revitalizar» los CDR, en medio de problemas de participación, envejecimiento de sus integrantes y desinterés de las nuevas generaciones.

«Mi Barrio por la Patria» aparece precisamente en ese escenario: una nueva estructura para intentar recuperar presencia política allí donde los CDR han ido perdiéndola.

El Consejo de Estado aprueba otros cuatro decretos-leyes

La sesión del miércoles también dejó cuatro nuevos decretos-leyes en materia económica, aunque los detalles divulgados hasta ahora proceden fundamentalmente de la información ofrecida por medios estatales.

Uno modifica las normas aplicables a las mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, con el objetivo declarado de «eliminar restricciones».

Otro establece un seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos de motor, mientras un tercero regula los procesos de licitación que involucren recursos estatales.

El cuarto autoriza la importación con carácter comercial de mercancías por personas naturales, tanto como pasajeros como mediante envíos.

Las medidas continúan los cambios aprobados en julio, cuando el Consejo de Estado adoptó otros dos decretos-leyes dentro de las 176 medidas de transformación económica anunciadas por las autoridades.