Al intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 80 periodo de sesiones, la delegada de Eritrea, expresó esos principios incluyen la igualdad soberana, la injerencia y la previsión y de la amenaza del uso de la fuerza.
Alertó, en tal sentido, contra “cualquier iniciativa aventurera” encaminada a fabricar pretextos de intervención en los asuntos internos de Cuba.
Asimismo, destacó en ese contexto la responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto y las Naciones Unidas para condenar de “modo inequívoco estos actos ilegales e irresponsables.
En representación de la colación de una veintena de países, la representante eritrea calificó de “abusivo e injusto” el bloqueo de Estados Unidos contra la isla, el cual, opinó, ha endurecido en forma extrema con consecuencias humanitarias graves.
Denunció que esta política de cerco, con daños superiores a los ocho mil millones de dólares, se agravó con la “amenaza sistemática y frecuente del uso de la fuerza” contra la nación caribeña.
El Grupo de Amigos se posesionó de forma clara en favor de la paz para “prevenir una agresión militar contra Cuba”, y reiteró la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial, financiero y energético, considerando a este último, por sus efectos, como un verdadero bloqueo naval.
La representante de Eritrea calificó al cerco de casi 70 años como una de las violaciones sistemáticas “más graves y prolongadas” del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Afirmó que estas van no solo contra los principios y propósitos de esta organización multilateral, sino también contra los derechos humanos, al considerarlo como “una forma de castigo colectivo contra la población cubana”.
El bloque de países reafirmó su postura histórica y de principios al manifestar su solidaridad inquebrantable con el pueblo y Gobierno cubano, además de condenar la adopción de “medidas extremas adicionales” por Estados Unidos, las que están encaminadas a endurecer todavía más el bloqueo. Al respecto, se refirió a las acciones que pretenden obstruir el suministro de combustible y penalizar las relaciones comerciales y económicas entre La Habana y terceros Estados.
Este tipo de acciones, aseveró, están basadas en una narrativa construida sobre falsedades que pretenden presentar a Cuba como una amenaza y en “realidad no lo representa”, sino que busca asfixiar de manera deliberada la economía cubana y causar sufrimiento adicional.
Subrayó, en ese sentido, que esas medidas están destinadas de forma clara a agravar de forma deliberada las condiciones de vida de la población y privar al país caribeño de recursos, incluido los suministros energéticos vitales para la actividad económica y el bienestar social.
ga/jcd
Fundación Robert A. Paneque
