El acuerdo de alto el fuego firmado el domingo entre Estados Unidos e Irán no garantiza una paz duradera en Oriente Próximo ni en ninguna otra parte. De hecho, incluso si es temporal, libera los recursos militares de Washington para otro frente, y el presidente Donald Trump ha declarado repetidamente que “Cuba será la siguiente”.

El mes pasado, Trump dijo en un discurso en Florida: “De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes… portaaviones se detenga a unos 100 metros de la costa” y espere a que el gobierno cubano se rinda.

Más recientemente, el miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizó una visita provocadora a la bahía de Guantánamo —la base naval estadounidense mantenida indefinidamente en territorio cubano— donde hizo afirmaciones completamente infundadas de que La Habana buscaba “adquirir u obtener acceso a los tipos de armas que podrían alcanzar esta base o la patria estadounidense”.

Axios informó el mes pasado, citando documentos de inteligencia clasificados, que Cuba había estado adquiriendo cientos de drones de ataque de Rusia e Irán. Las autoridades cubanas han negado todas estas afirmaciones.

Expertos militares señalan que el ejército cubano se encuentra en un estado de deterioro tras años de sanciones y el bloqueo de combustible, lo que hace que las afirmaciones de una amenaza a Estados Unidos sean absurdas.

La administración Trump también ha buscado un pretexto pseudolegal para la acción militar. El mes pasado imputó al expresidente Raúl Castro, de 94 años, por cuatro cargos de asesinato en relación con el derribo en 1996 de dos aviones operados por Hermanos al Rescate, una organización de exiliados vinculada a la CIA que realizó repetidos sobrevuelos hostiles del territorio cubano. Como ha explicado el WSWS, la acusación refleja directamente la estrategia utilizada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro: fabricar cargos penales y luego usarlos para justificar un secuestro o una intervención militar.

El Pentágono se ha estado preparando para una acción militar. Politico informó a finales de mayo que “ha pasado meses posicionando las tropas y armas necesarias para que EE.UU. lance un ataque militar contra Cuba; solo necesita la aprobación final de Donald Trump”. Esto incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz, que opera en el Caribe cerca de Cuba como una demostración de fuerza permanente.

Una población bajo asedio

Estas amenazas militares se desarrollan en el contexto de una catástrofe humanitaria impuesta deliberadamente por Washington. El bloqueo energético establecido en enero —cuando Trump emitió un decreto ejecutivo amenazando con sanciones a cualquier proveedor de petróleo— sigue en plena vigencia y se está intensificando. Después de que la empresa Vanguard Energy, con sede en Florida, anunciara planes para enviar aproximadamente 250.000 barriles de combustible a Cuba, el Departamento de Estado negó que se hubiera otorgado autorización alguna y el condado de Miami-Dade revocó el derecho de la empresa a operar.

Los apagones diarios superan ahora las 20 horas y afectan a más del 60 por ciento de la isla. No hay alivio a la vista.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió una dura advertencia esta semana: “Las restricciones de combustible impuestas desde principios de 2026 y el reciente endurecimiento de las sanciones extraterritoriales, en conjunto, están perjudicando directamente a los cubanos, especialmente a los más vulnerables. Hay niños que mueren porque los médicos carecen de acceso a suministros médicos y medicamentos esenciales. Esto es inaceptable. Estas sanciones deben levantarse de inmediato”.

Los datos detrás de esa advertencia son devastadores. La mortalidad infantil se ha duplicado a 9,9 por cada 1.000 nacimientos desde que se impusieron las restricciones de combustible. Las tasas de supervivencia del cáncer infantil han caído del 85 por ciento al 65 por ciento. Los niveles de suministro de medicamentos esenciales han descendido a aproximadamente el 30 por ciento de lo normal. La escasez de combustible ha interrumpido la cadena de suministro agrícola, provocando una disminución reportada del 60 por ciento en la producción de alimentos y fuertes aumentos en el costo de los alimentos básicos.

A principios de mayo, una orden ejecutiva estadounidense amplió enormemente las restricciones a cualquier empresa que opere con entidades cubanas. El socio bancario extranjero que había procesado todas las transacciones de Visa y Mastercard para Cuba puso fin a su relación con la firma financiera cubana Fincimex, citando la amenaza de sanciones estadounidenses. Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba indefinidamente, y las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar suspendieron sus operaciones en un número significativo de hoteles antes del plazo del 5 de junio fijado por el gobierno de EE.UU. para que las empresas dejaran de hacer negocios con GAESA, el conglomerado dirigido por militares que controla una gran parte de la economía cubana.

El Alto Comisionado Türk resumió la trayectoria: “Cuba enfrenta un aislamiento creciente. Las empresas se están yendo. Menos aerolíneas vuelan al país. Está casi desconectada de los sistemas de pago internacionales. El aumento de las temperaturas de verano corre el riesgo de incrementar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y el agua. La temporada de huracanes aumenta aún más la exposición. Esto crea una tormenta perfecta para el deterioro social y económico y el sufrimiento del pueblo cubano”.

El impacto combinado también está bloqueando la entrega de ayuda de las agencias humanitarias, incluidos los organismos de la ONU: la suspensión de servicios por parte de las principales compañías navieras afectó recientemente la llegada de más de 2.900 toneladas métricas de carga de alimentos humanitarios.

La respuesta del gobierno cubano a este asedio no ha sido apelar a la clase obrera internacional contra esta agresión imperialista descarada.

Ha sido ofrecer a la administración Trump concesiones económicas, buscando demostrar que la dirigencia castrista puede administrar la isla como una fuente rentable de mano de obra barata y recursos naturales para las corporaciones estadounidenses.

El pasado viernes, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció un amplio paquete de 20 medidas de libre mercado que abarcan turismo, comercio exterior, inversión extranjera y el sector privado. Abrió el sector hotelero cubano a “nuevos actores” y “nuevas modalidades” para llenar el vacío.

Los intermediarios estatales de importación, que anteriormente debían participar en todo el comercio exterior, serán eliminados en favor de un entorno comercial más “dinámico”. Los productores agrícolas recibirán acceso directo a insumos, el derecho a tener cuentas con respaldo real en efectivo y acceso a los mercados de divisas. El gobierno anunció que “incentivará” la inversión extranjera directa y extenderá las mismas condiciones a los cubanos que viven en el extranjero —incluida la comunidad de exiliados en Miami, largamente asociada con operaciones golpistas y terroristas contra Cuba— que a los residentes en la isla.

Más sectores de la economía se abrirán a actores no estatales y el número de ministerios se reducirá de 27 a 20. Díaz-Canel también volvió al objetivo gubernamental de larga data de “eliminar gradualmente los subsidios a los productos”, afirmando que esto es para dirigir el apoyo social a los “grupos vulnerables”. Esta medida de austeridad permitirá una inflación abierta y una desesperación económica aún más profunda.

Estos cambios son, en esencia, un programa de terapia de choque y ajuste estructural: el mismo tipo de medidas que están implementando gobiernos de extrema derecha alineados con Trump en toda la región, incluidos Javier Milei en Argentina y el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia.

A pesar de estas concesiones masivas, la administración Trump ha declarado abiertamente que su objetivo es directamente lo que se ha impuesto a Venezuela, donde los ingresos por ventas de petróleo y las finanzas gubernamentales están siendo administrados directamente por el Departamento del Tesoro de EE.UU., donde las tropas estadounidenses operan libremente y donde se instaló un régimen títere mediante la fuerza militar.

Las concesiones económicas de La Habana solo envalentonarán a Trump para establecer un protectorado semicolonial.

La actual postración de los líderes castristas —a la hora de recibir al director de la CIA en La Habana, apelar a los capitalistas gusanos de Miami y desmantelar los derechos sociales y las nacionalizaciones— no es un accidente. Es la conclusión lógica de un programa nacionalista y capitalista que siempre fue hostil al poder independiente de la clase obrera y, por lo tanto, siempre fue incapaz de defender las conquistas de la revolución de 1959 frente a la presión del imperialismo.

Como afirmó una reciente declaración del WSWS sobre el balance del castrismo, refiriéndose a la teoría de la revolución permanente de León Trotsky:

La revolución cubana proporciona una confirmación estratégica de la teoría de la revolución permanente en negativo. Incluso las nacionalizaciones más radicales llevadas a cabo por un gobierno nacionalista pequeñoburgués, en condiciones de movilización de masas, no pudieron resolver la tarea democrática de emancipación del imperialismo. Los defensores del castrismo podrían argumentar que es precisamente el aislamiento impuesto por el imperialismo estadounidense lo que condujo a su fracaso, pero ese argumento solo subraya el punto de que la lucha por el poder obrero como componente integral de la revolución socialista mundial es necesaria.

La defensa de Cuba contra el ataque militar y el bloqueo genocida requiere la movilización de la clase obrera internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos. Su defensa no puede construirse sobre ilusiones en la capacidad del gobierno cubano de negociar una salida del punto de mira de Washington, o en los gobiernos burgueses regionales que han guardado silencio mientras el bloqueo se intensifica y el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz toma posición en el Caribe. Solo puede construirse sobre el programa del internacionalismo socialista que une a los trabajadores de toda América en una lucha común para poner fin al militarismo imperialista y al sistema capitalista que es su causa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de junio de 2026)