La Seguridad del Estado ha desatado una campaña de acoso e intimidación contra familiares de presos políticos y activistas en Santa Clara y Contramaestre tras la proliferación de carteles y pintadas antigubernamentales que amanecen en las calles de ambas localidades exigiendo el fin de la dictadura.

El pasado viernes 12 de junio, Margarita Márquez Blanco fue citada sin previo aviso a la 5ta unidad policial de Santa Clara, donde esperó media hora antes de ser interrogada por dos agentes de la Seguridad del Estado que alternaron falsa amabilidad con amenazas directas, según el reporte de Martí Noticias.

Márquez Blanco tiene a su cuidado a dos menores de edad y es esposa y madrastra de dos presos políticos: Serguey Pozo Tagle y su hijo Yamislán Pozo Águila, detenidos desde febrero de 2025 y acusados de «propaganda contra el orden constitucional» por lanzar octavillas en vías principales de Santa Clara bajo el lema CubaPrimero, convocando a la ciudadanía a unirse a un «día cero».

La propia Márquez Blanco explicó el propósito del interrogatorio: «Ellos amenazándome porque a cada rato amanece el pueblo de Santa Clara de una punta a la otra lleno de cartelitos y ellos no saben quién está poniéndolos. Por tanto, andan amenazando a cuánta gente se les ocurre que pueda ser activista y lo citan para ver a quién le sacan la información, a ver quién es».

La Fiscalía solicitó siete años de prisión para Serguey Pozo Tagle y seis para su hijo. El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó el juicio concluso para sentencia el 15 de diciembre de 2025, sin que haya resolución firme hasta la fecha.

A pesar de la detención de estos activistas, los mensajes de protesta continúan inundando Santa Clara, burlando el fuerte despliegue policial y evidenciando que la represión no ha logrado silenciar el descontento.

En el extremo oriental de la isla, el municipio santiaguero de Contramaestre vive una situación similar que se prolonga desde hace varias semanas, explica el reporte.

Pobladores bajo anonimato describen una ola de carteles y pintadas sobre muros de edificaciones particulares y vías públicas con consignas que exigen la salida del Partido Comunista, piden una transición política y exhortan a los vecinos a tomar las calles.

Una residente que pidió no ser identificada por temor a represalias resumió el alcance de las acciones: «Contramaestre en candela: Carteles por dondequiera. Las carreteras escritas. Frente a la casa de mi hijo rayaron todo y pusieron carteles».

Este fenómeno se enmarca en un contexto de agitación creciente en Santiago de Cuba, donde el pasado viernes 12 de junio vecinos del Centro Urbano José Martí protestaron exigiendo electricidad, comida y libertad, y este domingo una madre en Altamira denunció represión policial con bastones contra madres y niños durante una protesta por los mismos motivos.

La práctica de citar a familiares de presos políticos como método de presión es sistemática. En abril de 2026, la Seguridad del Estado citó a tres excarcelados del 11J un día después de que publicaran en redes una petición de libertad para otro preso.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró en junio de 2026 un récord de 41 grafitis y pintadas antigubernamentales en Cuba, la cifra mensual más alta desde que comenzó a contabilizarlos en septiembre de 2020, en medio de una crisis energética con apagones de hasta 50-80 horas y 1,311 protestas registradas en mayo en toda la isla.